miércoles, 14 de abril de 2010

Queremos otra Ley

En noviembre del año pasado el Poder Ejecutivo Nacional sancionó el Decreto 1694/09 que incrementa las prestaciones dinerarias del Sistema de Riesgos del Trabajo, con el único y explicitado objetivo de “disminuir la litigiosidad”.


Como se sabe, la actual Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo ha sido tocada bajo la línea de flotación por distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por considerar anticonstitucionales disposiciones medulares de la mencionada normativa.


La permanencia de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), entidades de orden privado ligadas al capital financiero y piedra angular del sistema surgido como parte del paquete de flexibilización y precariedad laboral de los años 90, un negocio fabuloso del que participa el sindicalismo empresarial, presupone una inversión de los principios rectores del derecho laboral: a saber, la protección de los más débiles en la relación entre empleadores y trabajadores.

Queremos otra ley que tenga como eje una política preventiva que permita eliminar el riesgo en su origen y que no deposite en el trabajador la responsabilidad bajo el eufemismo de “hábitos de trabajo seguros”.

Esto no es posible sin la participación de los trabajadores en Comités Mixtos y la instauración de la figura del Delegado de Prevención.

Es necesaria la vigencia plena de la libertad y democracia sindical y la protección mediante fueros de los trabajadores electos para estas funciones.

De este modo, la lucha por la salud y las condiciones y medio ambiente de trabajo serán parte integral de la estrategia de las organizaciones gremiales.

Queremos otra ley que fortalezca el papel del Estado, tanto en lo que hace a la recuperación del papel de policía del trabajo, como en la articulación de una política universal de salud de los trabajadores (estén o no registrados y con cualquier característica que asuma el trabajo), que respalde la inmediatez de las prestaciones que le sean requeridas con cargo a la patronal que la genere (ya sea ésta privada ó pública), garantizando los derechos establecidos por el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que tornan en responsabilidad ineludible e indelegable por parte del Estado Nacional el garantizar todos los derechos de la Seguridad Social.

Queremos otra ley.

Para ello, es necesario redoblar los esfuerzos para que tome estado parlamentario el “Proyecto de Ley de Prevención de los Riesgos Laborales y Reparación de Daños e Incapacidades Derivados de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales” presentado por la CTA en septiembre de 2006 en el Congreso de la Nación.