domingo, 8 de agosto de 2010

La CTA rechazó el nuevo valor del Salario Mínimo

La delegación de la CTA compuesta por Hugo Yasky, Pablo Micheli y Pedro Wasiejko, votó en contra de la posición llevada al plenario del Consejo del Salario por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, con el aval de la CGT y la representación empresaria que, juntos, totalizaron 29 votos para aprobar el nuevo Salario Mínimo que recién terminará de conformarse en enero de 2011.


La CTA reclamó un mínimo de 2.347 pesos, es decir, que solicitó un aumento del mínimo del 60 por ciento a nivel nacional, con posibilidad de que se establezca en 2.200.

A su vez, los representantes de la Central reclamaron que el Salario Mínimo sea valor de referencia para la administración pública provincial y municipal.

Según la normativa vigente, el mínimo contempla hoy a los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 de la administración pública nacional y de todas las entidades y organismos en los que el Estado actúa como empleador.

"De no profundizarse las políticas para combatir el trabajo en negro y de no establecerse el valor real de la canasta, la modificación del mínimo tendrá un impacto parcial", dijo Wasiejko.

El Consejo, además de determinar el valor del haber mínimo, puede establecer los mínimos y máximos del seguro de desempleo; realizar estudios sobre la situación sectorial a fin de conocer las posibilidades de reinserción laboral y las necesidades de formación profesional y formular recomendaciones para la elaboración de políticas y programas de empleo y formación.

Del mismo modo, puede proponer medidas para incrementar la producción y la productividad y fijar los lineamientos, metodología, pautas y normas para definir una canasta básica que se convierta en elemento de referencia para el mínimo.

"El Consejo del Salario es realmente una herramienta y una instancia sumamente significativa para impulsar una experiencia de concertación de todos los sectores productivos a favor de un proceso de redistribución justa de los ingresos y de reindustrialización del país", puntualizó el sindicalista.

Wasiejko sostuvo que resulta primordial incorporar a la agenda la situación de los trabajadores formales (en blanco) y de la fuerza laboral precarizada (en negro), de los estatales municipales y provinciales y de los que perciben el Plan Jefas y Jefes.

"Ello, en definitiva, termina siendo el piso del mínimo en la cotidianeidad, por lo que el Consejo debe trabajar a pleno en sus comisiones y en toda su complejidad en procura de superar los acuerdos coyunturales", explicaron Wasiejko y Yasky.

Por su parte, Micheli indicó que el mínimo debe ser proporcional al valor de "la canasta básica", que según la CTA se ubica en 4.800 pesos para una familia tipo, y sostuvo que "los empresarios, la CGT y la Sociedad Rural (SRA) procuran fijarlo en 1.850 pesos".

"El Consejo debe ser convocado a principios de año para marcar el piso de las futuras discusiones paritarias y no permitir que se desdibuje frente al cierre de los convenios", concluyó Micheli.

En línea con la posición de la CTA, que pedía una cifra mayor que la dispuesta, el diputado Claudio Lozano difundió un estudio que cuestiona el "inexistente impacto" de la medida, si se tiene en cuenta que "el 43,2% de la población activa gana menos que el salario mínimo". Según agregó, "se trata de casi 7,4 millones de trabajadores", cifra que incluye a asalariados y a cuentapropistas.