miércoles, 30 de noviembre de 2011

Basta ! Ningun tipo de violencia contra nuestros niños y niñas

La Asociación Civil Crecer Juntos-CTA, realizará un taller con mesa panel en el marco de una serie de acciones que comenzó allá por el mes de Octubre con la    Campaña de sensibilización en los Hogares Centro sobre la CIDN, siempre en el contexto de la Campaña en contra de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, en tanto que durante este mes de Diciembre próximo haremos una acción que consistirá en   Intervención y distribución de volantes en las comunidades de los Hogares Centro a cargo de los niños, las niñas y los adolescentes.

“CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”

OBJETIVOS:
                              Fortalecer las estrategias institucionales de restitución, promoción y protección de los derechos del niño.
Sensibilizar a la comunidad sobre las problemáticas que ponen en cuestión estos Derechos.
Promover estrategias de empoderamiento de los niños, las niñas y los y las adolescentes como Sujetos de Derechos.

VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES:

La violencia contra los niños y niñas incluye el abuso y maltrato físico y mental, el abandono o el tratamiento negligente, la explotación y el abuso sexual. La violencia puede ocurrir en el hogar, las escuelas, los institutos de menores, los centros residenciales de atención, en las calles, en el lugar de trabajo, en prisiones y establecimientos penitenciarios.

Puede afectar la salud física y mental de los niños, perjudicar su habilidad para aprender y socializar, y, más adelante, socavar su desarrollo como adultos funcionales y buenos progenitores. En los casos más graves, la violencia contra los niños conduce a la muerte.

ANTECEDENTES

Complementando las acciones de nuestro Programa de Hogares Centro y de los otros Programas y Proyectos en los que atendemos a las poblaciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los barrios del Noroeste de San Miguel de Tucumán, Crecer Juntos articulando con el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia viene impulsando esta campaña en los meses de Octubre a Diciembre.

PLAN DE ACCIÓN
Primera Semana de Octubre: Campaña de sensibilización en los Hogares Centro sobre la CIDN
10 de Octubre: Carnaval de la Vida, Plaza de Bº Echeverría, Marcha y Muestra de los Hogares Centro y Talleres del Programa de Atención Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (Programa NAJs)
4 de Noviembre: Participación en las Jornadas de Celebración de los 10 años del Colectivo de derechos de Infancia y Adolescencia.
5 de Noviembre: Participación en la asamblea del Colectivo de derechos de Infancia y Adolescencia.
12 de Noviembre: lanzamiento de la Campaña contra la Violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Asamblea de Madres Cuidadoras
15 al 26 de Noviembre: Campaña contra la Violencia hacia niños, niñas y adolescentes en Hogares centro. Talleres con la cartilla “Hablemos de lo que no se habla”
24 de Noviembre: Reunión de Red de Organizaciones y Conformación de la Mesa de Gestión Asociada.
1 de Diciembre: Intervención y distribución de volantes en las comunidades de los Hogares Centro a cargo de los niños, las niñas y los adolescentes.
2 de Diciembre: Mesa Panel: “Hacia el fortalecimiento de los sistemas de Protección” Nuevas perspectivas desde el paradigma de la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de niños, niñas y adolescentes.
3 – 4 de Diciembre: Jornadas Asamblea taller de Madres Cuidadoras, Tafí del valle Tucumán.

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viernes, 25 de noviembre de 2011

La Carrera de Miguel

La CTA de Tucumán conjuntamente con el Movimiento Social del Deporte (MSD), La Federación Tucumana de Atletismo y la Agrupación Juan Pablo Juárez, nuevamente  organizan la 7º Edición de “ La Carrera de Miguel” en la provincia de Tucumán la cual  se correrá el día 3 de Diciembre a partir de las 17:00 hs.

Nuevamente nuestra provincia dirá Presente ante la mención del nombre de Miguel Sánchez, ya que el 3 de diciembre a las 17:00 hs., comenzará una nueva Jornada de Homenaje a nuestro compañero y Atleta Miguel. A esa hora se llevará a cabo un acto frente al Monumento a los Detenidos Desaparecidos y al finalizar se realizará la ya tradicional marcha de la Antorcha hasta el Parque 9 de Julio de la ciudad de San Miguel de Tucumán, desde donde a las 18 hs. comenzará la 7º Edición de “La Carrera de Miguel”.

Este evento es un nuevo homenaje que reaviva la memoria al cumplirse 32 años del secuestro y posterior desaparición a manos de la última dictadura militar  del atleta y militante tucumano Miguel Sánchez. “La Carrera de Miguel”,  luego de tres ediciones realizadas en la ciudad de Bella Vista, nuevamente se correrá en  San Miguel de Tucumán, capital de la provincia. Este acontecimiento deportivo  tiene trascendencia internacional a partir del año 2000 cuando el periodista italiano Valerio Piccioni rescató la lucha de este compañero y organizó por las calles de Roma, Italia, “ La Corsa de Miguel” en conmemoración también de los  30.000 detenidos desaparecidos argentinos , acontecimiento deportivo que se celebra todos los años desde entonces.

Miguel nació el 6 de noviembre de 1952 en la ciudad de Bella Vista, Tucumán. En su adolescencia se mudó a Buenos Aires para desarrollar su pasión por el atletismo y  en aquellos tiempos su entrenador fue el legendario plusmarquista Osvaldo Suárez.   A pesar del terrible  advenimiento de la dictadura militar, Miguel no abandonó su militancia política en una Unidad Básica de la Juventud Peronista de Berazategui. Y fue justamente por eso que días después de haber corrido la prestigiosa carrera “San Silvestre” en Brasil, fue secuestrado de su casa familiar sin que nunca nadie supiera su destino hasta el día de hoy.

Los organizadores informaron que está previsto como en la 1era. Edición llevar a cabo un homenaje en el Monumento a los detenidos desaparecidos sito en Avda. Roca al 500 de San Miguel de Tucumán. Y desde ese mismo lugar partirá la antorcha que será trasladada hasta el paseo principal de la ciudad, el Parque 9 de Julio, donde, a partir de las 18 hs. será la largada oficial de la carrera.

La inscripción para la Carrera es anticipada y totalmente gratuita, se realiza en la sede de la CTA, Gral. Paz 925 y en la Seccional de AAPM sita en Sáez Peña 570 de 9 a 13 y de 17 a 20 hs. hasta el viernes 2 de noviembre  y no se suspenderá por lluvias. En dicho evento se entregarán remeras recordatorias a los primeros 350 inscriptos y se premiará a los ganadores de todas las categorías.

Salvador Agliano
Secretario General
CTA TUCUMAN


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jueves, 24 de noviembre de 2011

Nuevos fallos judiciales extienden las garantías para el ejercicio de los derechos sindicales

En los últimos meses la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de protección del ejercicio de los derechos sindicales fue reafirmada en pronunciamientos provenientes de las cortes provinciales de las provincias de Buenos Aires y Mendoza, y de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

En particular, estos fallos extendieron la protección especial prevista en el artículo 52 de la ley de asociaciones sindicales a los representantes de asociaciones sindicales simplemente inscriptas, circunstancia particularmente relevante en los casos de las cortes provinciales de Buenos Aires y Mendoza, por cuanto constituyen los primeros pronunciamientos de la máxima instancia judicial de dichas provincias.

Por otra parte, en el caso “UALA” la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo reafirmó la proyección que los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “ATE” y “Rossi” tienen sobre otras disposiciones de la ley de asociaciones sindicales, declarando en esta ocasión la inconstitucionalidad del artículo 29.

A continuación ofrecemos una breve síntesis y comentarios de los aspectos más relevantes de estos fallos, a fin de otorgarles mayor difusión, en tanto constituyen nuevos triunfos de los trabajadores y las organizaciones sindicales a nivel judicial.
Cometario al Fallo “Largel Daniel Arturo y otros c/El Rápido Argentino S.A. s/Juicio sumarísimo”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VII, 13-09-11

El 30 de septiembre de 2011 la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con los votos de la Dra. Estela Milagros Ferreirós y el Dr. Néstor Miguel Rodríguez Brunengo, dictó sentencia resolviendo la nulidad de los despidos de los trabajadores Arturo Daniel Largel, Javier Eduardo Foglino y Gustavo Arce, que la empresa El Rápido Argentino S.A. dispuso a fines del año 2009, al ser notificada de la pertenencia de estos trabajadores, como integrantes y miembros fundadores de la Delegación La Plata del sindicato Unión de Conductores de la República Argentina (U.C.R.A.).

La sentencia de Cámara, revocó la emitida en primera instancia por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 6, que a pesar de reconocer el móvil discriminatorio por antisindical de los despidos, reconoció a los trabajadores únicamente la viabilidad de obtener una reparación por el daño moral ocasionado, rechazando la posibilidad de nulificarlos y ordenar su reinstalación laboral, al sostener erradamente que la reinstalación laboral, aún como móviles discriminatorios, resulta incompatible con el sistema de estabilidad laboral relativa o impropia que permite despedir al empleador, aún sin causa.

La Sala VII, a partir de la correcta armonización de la totalidad de las normas vigentes aplicables a la actividad sindical, revocó la sentencia de primera instancia y determinó la nulidad de los despidos discriminatorios de los tres trabajadores, ratificando la postura sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo Álvarez Maximiliano c/ Cencosud”, que determina la vigencia de la tutela al trabajador por su actividad gremial, independientemente de su pertenencia a un sindicato con personería gremial, simple inscripción, inscripción gremial en trámite o por su condición de activista.

La importancia de esta sentencia, reside en la defensa del ejercicio de la libertad sindical tanto en el plano individual como colectivo, ya que por un lado garantiza a los tres trabajadores la continuidad en el empleo y en consecuencia la percepción del salario, y por el otro salvaguarda la continuidad en el ejercicio del mandato conferido por los trabajadores en la fundación de la Delegación de una entidad sindical.
En tal sentido el voto de la Dra. Ferreirós ratifica la aplicación en casos de discriminación, del principio de las cargas probatorias dinámicas, es decir recayendo la carga probatoria en el empleador por estar en mejores condiciones de hacerlo.

Así confirma que demostrado el indicio de la discriminación, originado en la proximidad de la notificación realizada a la empresa de la fundación de la Delegación La Plata del sindicato U.C.R.A. y el inmediato despido de los tres trabajadores miembros, el empleador debía probar que los mismos no obedecieron a móviles discriminatorios por antisindicales.

Asimismo confirma la aplicación de la ley antidiscriminatoria (23.592) al ámbito laboral, que prevé la “reaparición in natura”, ordenando volver las cosas al estado anterior, que significa la reposición en el cargo para los trabajadores y la protección que el Convenio 87 de la OIT, con jerarquía constitucional, establece a todo trabajador sea o no representante sindical, contra todo acto discriminatorio tendiente a limitar la libertad sindical derivado de su función o su despido derivado de su actividad gremial.

Remarca además que no existe incompatibilidad en la nulificación de los despidos discriminatorios y el sistema de estabilidad relativa laboral, por no estar comprendido en este régimen la posibilidad de discriminar, resultando el acto discriminatorio un límite infranqueable a la potestad del empleador para despedir sin causa, por aplicación de normas jurídicas de mayor jerarquía como la Constitución Nacional e Instrumentos Internacionales aplicables.
El voto de la Dra. Ferreirós, además de determinar que deben pagarse a los tres trabajadores la totalidad de los salarios caídos desde el momento del despido y hasta su efectiva reincorporación, confirma además la procedencia de la reparación del daño moral, originada en la responsabilidad extracontractual a partir del acto ilícito que configura del despido discriminatorio y establece una multa diaria al empleador hasta la efectiva reinstalación laboral de los tres trabajadores.

Por su parte, el Dr. Néstor Miguel Rodríguez Brunengo, que adhiere al voto de la magistrada, se introduce en un tema medular del sistema laboral argentino, como es el de la estabilidad en el empleo.
Se remite en su voto, a los fundamentos que sostuviera al expedirse en la causa “Lugones Elisa Magdalena c/Qualytel de Latinoamérica S.A. S/despido” en el que refiriera que el despido constituye una anomalía jurídica, planteando una diferencia entre el despido directo y una forma de protección del trabajo más intensa, a partir de regulación contenida en la legislación comparada, que comprende limitaciones a la voluntad del empleador para despedir sin causa.
La referencia realizada por el Dr. Brunengo en su voto, nos remite indefectiblemente a la gran asignatura pendiente que nuestra legislación laboral aún mantiene, por no haber ratificado todavía nuestro país el Convenio 158 de la OIT, que con una técnica jurídica ineludible, que se suma a la exigencia de causa en el despido, prevé otra limitación al poder de despido del empresario mediante el sometimiento del acto a formalidades y requisitos procedimentales sustanciales y considerados de estricto cumplimiento, que operan como garantía en protección del trabajador, es decir en su estabilidad laboral.

La estabilidad en el empleo, que en el derecho del trabajo se traduce como el derecho al “proyecto de vida”, teniendo en cuenta que tal condición implica la posibilidad de panificar la vida del grupo familiar, en base a un ingreso previsible y permanente en el tiempo, se hace imprescindible por resultar la efectiva estabilidad en el empleo un derecho que, al igual que el que surge del principio de libertad sindical, posibilita el reconocimiento y el ejercicio eficaz de los demás derechos humanos o sociales, y que necesariamente deben garantizarse a todo trabajador como persona en el ámbito del trabajo.

Reemplazar el principio ordenador social fundado en la economía o el mercado, por un principio elaborado por el derecho o el Estado, fundado en la garantía de los Derechos Fundamentales constituye la meta del Derecho del Trabajo, como parte de su misión histórica, que debe procurar obtener el reconocimiento de la mayor duración posible a la relación laboral desde todos los puntos de vista y en todos los aspectos, entendiendo a la estabilidad en el empleo y la libertad sindical como derechos que se retroalimentan recíprocamente y posibilitan el ejercicio de los demás derechos humanos.

En ese camino, la Central de Trabajadores de la Argentina, pregona la impostergable necesidad de ratificación por nuestro país del convenio 158 de la OIT, con el mismo énfasis que el genuino reconocimiento y protección al ejercicio de la actividad sindical.
Cometario al Fallo “Sandes, Hugo Raúl c/SUBPGA S.A. s/Indemnización por despido”. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 05-10-11
La Suprema Corte de la Pcia. de Bs. As. el 5 de octubre del corriente año decidió por unanimidad el cambio de su doctrina legal mediante la cual entendía que la normativa vigente en materia de protección de la actividad sindical y a sus actores solo alcanzaba a “aquellos representantes cuya organización contara con personería gremial”.
El Supremo Tribunal revocó la sentencia dictada en la causa “Sandes, Hugo Raúl c/Subpga S.A. s/Indemnización por despido” por el Tribunal nº 3 del Departamento Judicial de Quilmes que rechazó la pretensión del trabajador fundada en la ley 23.551 de percibir el agravamiento indemnizatorio contenido en el art. 52, 4° párrafo de dicha norma por haber sido despedido mientras se encontraba en el ejercicio de un cargo gremial en el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne de Berazategui que tenía simple inscripción gremial.
Para así resolver la Suprema Corte consideró la necesidad de revisar y abandonar su doctrina legal en acatamiento a la sentada por la C.S.J.N. a través de sus últimos precedentes “ATE c/Ministerio de Trabajo” y “Rossi c/Estado Nacional – Armada Argentina” y al hacerlo efectúa un amplio análisis de “compatibilidad entre el aspecto específico del régimen vigente de asociaciones sindicales (...) y el bloque de constitucionalidad federal (conformado no solo por normas de orden interno, sino también por aquellas otras de raigambre supranacional)”.
Dicho análisis se centra en el contenido de la libertad sindical en sus “vertientes individual y colectiva o social” a la luz del deber de su simultánea garantía y su recepción en nuestro bloque constitucional, en los instrumentos internacionales de tal rango y en especial la jerarquía constitucional del Convenio 87 de la OIT y el valor de las directivas de los órganos de control de esta última.
Concluyendo en que “...la decisión adoptada por el tribunal de la instancia de grado conculca la manda contenida en los arts. 14 bis y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, así como los arts. 8.3 del P.I.D.E.S.C. y 22.3 del P.I.D.C.P. y el Convenio 87 de la O.I.T., propicio declarar que los arts. 48 y 52 de la ley 23.551 violan el principio de la libertad sindical de raigambre constitucional, en cuanto establecen una limitación para su ejercicio respecto de los dirigentes sindicales de entidades "simplemente inscriptas" que restaña la defensa de los intereses del sector de trabajadores representados por la organización, al despojarlos de la protección de la estabilidad en su empleo destinada a garantizar el libre e independiente desenvolvimiento de su función sindical” y en consecuencia resuelve declarar “la inconstitucionalidad de los arts. 48 y 52 de la ley 23.551”.
Este cambio de doctrina legal constituye un paso importantísimo en el camino de la consolidación del reconocimiento de las garantías y derechos constitucionales en materia de libertad sindical en tanto proyecta sus efectos sobre los tribunales inferiores de toda la Provincia de Buenos Aires que, en forma mayoritaria, venían decidiendo en concordancia con el anterior criterio sostenido por la SCBA.
Cometario al Fallo “Alaniz, Juan F. c/Municipalidad de Godoy Cruz p/tutela sindical s/inconstitucionalidad y casación. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, 11-08-11.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza se originó en un recurso de casación, con el fundamento de que la cámara no tuvo en cuenta el pedido de inconstitucionalidad del art. 52 de la ley de asociaciones sindicales.
El trabajador es el Secretario Gremial de la Asociación Sindical de Trabajadores Escalafonados de la Municipalidad de Godoy Cruz (ASTEMGC), sindicato con simple inscripción. En la actividad otro sindicato detenta la personería gremial (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Godoy Cruz).
El trabajador fue cesanteado con causa en sus inasistencias mediante los decretos 1840 y 1912, sobre los que solicita su nulidad en virtud de estar alcanzado por la tutela que el art. 52 reconoce a los representantes gremiales y en virtud de lo dispuesto por la SCJN en fallos “ATE” y “ROSSI”.
Que dice la Corte de Mendoza: Básicamente hace suyos y reproduce los argumentos de los fallos “ATE” y “ROSSI”.
Principalmente en cuanto separa claramente la opinión de OIT respecto a permitir el sistema de sindicato más representativo destacando que: “…Si bien las supervisiones llevadas a cabo por los expertos en lo que se refiere al concepto "sindicatos más representativos" no arrojaron como resultado que llevar adelante una discriminación en orden a establecer la mayor o menor representatividad sindical resulte per se contraria a los acuerdos internacionales, dicho distingo nunca puede ser entendido como sinónimo de "privar a las organizaciones sindicales, que no hayan sido reconocidas como las más representativas, de los medios esenciales para defender los intereses profesionales de sus miembros, ni del derecho de organizar su gestión y su actividad y de formular su programa de acción, previsto por el convenio 87". En la misma línea, reconoce la Corte la incidencia que aquella derivación del concepto de "sindicatos más representativos" puede tener en el ámbito del ejercicio individual del derecho de asociación, habida cuenta de que "las funciones limitadas que la legislación reconoce a determinadas categorías de sindicatos, podrían tener por efecto indirecto restringir la libertad de los trabajadores para adherirse a organizaciones de su elección"….”
Finalmente la Corte reiterando los pasajes fundamentales de “ATE” y “ROSSI” declara la inconstitucionalidad del art. 52 de la ley 23551 en la medida en que excluye a la actora del goce de la tutela otorgada por este ultimo a los representantes de asociaciones con personería gremial, y declara la nulidad de los decretos 1840 y 1912, disponiendo la reinstalación del trabajador.
Cometario al Fallo “Ministerio de Trabajo c/Unión de Aviadores de Líneas Aéreas s/ley de asociaciones sindicales. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II, 06-10-11.
La Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) interpuso apelación (art. 62 ley 23.551) contra la resolución del Ministerio de Trabajo, que con fundamento en el art. 29 de la ley de asociaciones sindicales, denegó el pedido de personería gremial del Sindicato.
UALA se encuentra simplemente inscripto como entidad de primer grado que agrupa a pilotos de líneas aéreas argentinas. Aun cuando dicha inscripción se refiere a que agrupa a Pilotos en el ámbito de Ciudad de Buenos Aires su verdadero encuadramiento es que agrupa a los pilotos de Austral Líneas Aéreas S.A.
El Ministerio de Trabajo entendió que en dicho ámbito existía un sindicato de oficio con personería gremial, APLA, que agrupa a los pilotos de Aerolíneas Argentinas.
La importancia de la sentencia radica que tal como sucedió en el fallo NORTE, de la Sala V, con voto del Dr. Oscar Zas, se reitera que la topología prevista en el art. 10 de la ley 23.551 no es taxativa y nada impide que los trabajadores en ejercicio de su autonomía y libertad sindical elijan otras formas de agruparse.
La topología adoptada por la UALA, al solicitar la personería gremial para la representación de los pilotos dependientes de la empresa Austral Líneas Aéreas S.A. no puede erigirse en la causa de desestimación de la pretensión articulada.
El fallo recuerda las observaciones del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT respecto a la incompatibilidad del articulo 29 de la ley de asociaciones sindicales que prohíbe la personería gremial de una entidad si preexiste otra de actividad que la comprende.
Cabe recordar que estas observaciones están contenidas en los comentarios a las memorias que anualmente efectúa el Observatorio de Derecho Social a la memoria del Gobierno Argentino.
El fallo resalta que el art. 29 se encuentra abiertamente en contraposición de los principios de libertad y democracia sindical que deben regir en el ámbito de las relaciones colectivas, y recurre a los fundamentos de los fallos ATE y Rossi, en tanto allí fueron desarrolladas las declaraciones de inconstitucionalidad basadas en las interpretaciones de los organismos de control de la OIT.
Aun cuando no quede claro si el juez de primer voto considera que el convenio 87 tiene rango constitucional, sí hace hincapié en que la interpretación que deben seguir los jueces es la que previamente han establecidos los organismos de control de la OIT.
Un nueva declaración de inconstitucionalidad de la ley sindical, esta vez del art. 29 de dicho ordenamiento, van completando el cuadro de incompatibilidad de la ley trazado tanto por la CEAR (hace mas de 16 años) como en distintas quejas por el Comité de Libertad Sindical.
El camino trazado por ATE en la Corte Suprema tiene efecto en los tribunales inferiores y la norma internacional va generando transformaciones e interpretaciones acordes al texto constitucional.
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lunes, 21 de noviembre de 2011

ATE-CTA repudió la decisión oficial de transferir la tarea de los controladores a la Fuerza Aérea.

Una ruidosa protesta realizó esta mañana un grupo de afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA) en el aeropuerto Tte. Benjamín Matienzo

"Ante la situación que se vive laboralmente hablando en el aeropuerto internacional Benjamín Matienzo de la provincia de Tucumán. nosotros empleados del mismo queremos manifestar, que reunidos en asamblea hemos decidido llevar nuestro reclamo a las acciones, en una asamblea llevada a cabo entre nuestros afiliados y ponemos en vuestro conocimiento la aplicación de medidas hasta que las autoridades provinciales tomen cartas en el asunto y se revierta la situación por la atravesamos", lo señala el comunicado de prensa remitido desde la oficina de prensa de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA), a la hora de justificar las medidas que se tomaron desde ayer en la estación aérea provincial.


La asamblea de trabajadores realizada el pasado 17 de noviembre determinó aplicar las siguientes medidas de fuerza:


a) La realización de asambleas permanentes
b) Decretar el estado de alerta y movilización
c) Cortar el ingreso al aeropuerto
d) Futuro cese de los servicios operativos del Aeropuerto Benjamín Matienzo
e) Denunciar a los organismos internacionales las condiciones laborales que en la actualidad se están brindando en los servicios de tránsito aéreo, a las empresas aerocomerciales y no comerciales de la República Argentina.


La protesta, según lo señalan los trabajadores, se motiva a la instrumentación de un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional que lleva el número 1840/11 que dispone el traslado del personal de dicha repartición, aduciendo incertidumbre y presión psicológica que padecen que, según indican "hacen y deshacen sin importar en lo más mínimo la condición humana
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Nueva violación a los territorios ancestrales

La policía tucumana realizó un espectacular despliegue de violencia institucional al ingresar al Territorio Ancestral de la Comunidad Tolombón –Base de Tacanas– procediendo a la ruptura de cercos y sembradíos pertenecientes a las familias integrantes de la Comunidad.



"La Comunidad, ubicada a 80 Km . aproximadamente de San Miguel de Tucumán y A 40 Km . de San Pedro de Colalao, viene resistiendo reiteradas órdenes de desalojos que emanan de diferentes jueces de turno, en este caso de la Jueza Emma de Nucci que, en complicidad con los terratenientes Guanuco de Torino y otros, violan la Ley Nacional de 26.160 y 26.554 (Relevamiento Territorial Técnico-Jurídico-Catastral, que prohíbe los desalojos de los Pueblos Originarios y sus comunidades).

"Ponemos en conocimiento de la Sociedad Civil que las amenazas de muerte, hostigamiento, persecución, usurpación e intentos de desalojos a los integrantes de la comunidad, son reiterados, principalmente el ataque proviene desde las autoridades policiales en connivencia con los terratenientes.

"Por todo lo acontecido repudiamos el accionar de los terratenientes, de los jueces corruptos y del actuar policial que impune y sistemáticamente viola nuestros derechos reconocidos a nivel nacional e internacional como pueblo originario. Asimismo, dicha conducta ilegitima e ilegal, pone en riesgo la responsabilidad internacional del Estado y la paz social con la eventual perdida de vidas de inocentes.

"Por ende, solicitamos en forma URGENTE la actuación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como órgano de la aplicación de la Política Indígena, la ejecución de la Ley de Relevamiento Territorial y su intervención en el caso, con el objeto de poner fin la violencia institucional de la provincia contra los pueblos originarios y evitar casos como el del Hermano Javier Chocobar, asesinado por sicarios a sueldo de terratenientes.

"Solicitamos a todas las Organizaciones de Pueblos Originarios y a la sociedad en general el acompañamiento en la lucha en defensa de nuestros Territorios para el cumplimiento para el DERECHO A LA PREEXISTENCIA Y A VIVIR EN PAZ Y ARMONÍA EN NUESTROS TERRITORIOS" finaliza el comunicado de prensa con la firma de Gladys Camacho, delegada de la Base Tacanas 
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jueves, 17 de noviembre de 2011

Hay razones para no permitir exhibir una película sobre la megaminería?

La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (ADIUNT-CTA) quiere expresar su desacuerdo y consternación ante la actitud adoptada por la Decana de Bioquímica, Silvia González, de prohibir la exhibición de la película "Tierra Sublevada, Oro impuro" de Pino Solanas en dicha unidad académica por parte de un grupo de estudiantes.

Cabe consignar que el film en cuestión contiene una serie de denuncias contra el emprendimiento minero de La Alumbrera, a la sazón asociada a la UNT en el YMAD razón por la cual nuestra Casa de Estudios comparte regalías y que, si el argumento para no exhibirla es: "si permitimos esto no nos mandan la plata", estamos en presencia de una  de las consecuencias mas nefastas de la actual Ley de Educación Superior.

Este hecho es realmente serio debido a que es contrapuesto a la vocación democrática de las Universidades Públicas argentinas, vocación relacionada con la calidad y el prestigio alcanzado por estas y  que a su vez, le ha costado mucho al pueblo argentino defender.

En este sentido han sido muchos los estudiantes y docentes universitarios que fueron cesanteados, reprimidos, privados de su libertad o detenidos-desaparecidos por su defensa de la Universidad Pública durante la última Dictadura. Lo que quiere decir entre otras cosas, que los derechos democráticos que supimos conseguir son patrimonio de todos, y es nuestra obligación defenderlos.
Hacemos responsable de este tipo de actitudes al Rector de la UNT y reclamamos la más amplia defensa de la libertad de opinión, como presupuesto básico de la Universidad Pública y Gratuita.
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Visitadores Médicos manifestaron en Novartis


La Federación Argentina de Agentes de Propaganda Médica (FRAAPROME) - CTA contando con el invalorable apoyo de la Asociación de Agentes de Propagande Médica de la República Argentina (AAPMRA) - CTA, se manifestó en las puertas de la multinacional farmacéutica Suiza Novartis, con un nutrido grupo de dirigentes del área metropolitana junto a la participación de las delegaciones de Junín y Pergamino, en repudio a los despidos masivos que pretende perpetrar una de las empresas del grupo, el laboratorio Sandoz.



Luego de una contundente movilización, las autoridades de la empresa - que había montado un desmesurado operativo de seguridad - accedieron a recibir a la representación sindical a los efectos de establecer una instancia de diálogo.


Llevada a cabo la misma, los directivos de Novartis asumieron la responsabilidad que hasta la fecha se habían negado rotundamente en relación a  la subsidiaria del holding.

La reunión de la que participó Salvador Agliano, titular de FAAPROME - CTA acompañado por los delegados del personal de Novartis, concluyó con el compromiso de la patronal empresaria, de hacer lugar al requerimiento sindical e interceder ante los directivos de Sandoz a los efectos de replantear la situación, suspender los despidos y solo hacer lugar a los retiros voluntarios de los compañeros  y compañeras que accedan a este potencial acuerdo, sin soportar ningún tipo de coacción o presión por parte del laboratorio, como en algunos casos que la organización sindical pudo constatar y denunció ante la representación empresaria.

Concluida la reunión, se informó a los manifestantes y se estableció pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 17, fecha de la audiencia de conciliación que citó el Ministerio de Trabajo.

Consultado Salvador Agliano, manifestó que "el plan de lucha está vigente y se intensificará en caso de no obtener las respuestas requeridas luego de la tregua acordada”.
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Disciplinando al sindicalismo crítico *Por HORACIO MEGUIRA

Ante la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA), el Gobierno adoptó una postura arbitraria y drástica, que ejemplifica la posición de las autoridades ante las organizaciones de trabajadores que no se subordinan al poder político.


Disciplinando al sindicalismo crítico

Desde 1958, una ley polémica pero efectiva se aplica en las relaciones laborales. Me refiero a la ley de conciliación obligatoria.
Su aplicación es una potestad del Ministerio de Trabajoy su oportunidad puede evitar un conflicto o resolverlo mediante la negociación.

Regula, nada menos, que la intermediación del Estado en los conflictos laborales. A tal punto que se puede aplicar de oficio y hasta preventivamente.
En general, contiene obligaciones de hacer de las partes: la obligación del cese de una medida de fuerza o la reinstalación provisoria de los despedidos por parte del empleador.
Casi siempre los conflictos son declarados por los sindicatos. Aun cuando existe debate sobre quienes son los titulares del derecho de huelga (los gremios, de acuerdo al texto del Art. 14 bis de la Constitución), en general quienes intervienen en el procedimiento posterior son los sindicatos con personería gremial, los cualestienen el “monopolio” de la representación colectiva.

Sin embargo, la gestión del ministro Tomada se caracterizó por un uso discrecional de la medida.
Una etapa de alta conflictividad encontró en esta ley un remedio casi cotidiano. Se llegó a aplicar a sindicatos simplemente inscriptos, a comisiones gremiales internas y a cuerpos de delegados (como en el caso de Subterráneos), y a trabajadores autoconvocados (médicos).
Igualmente, al momento de la negociación eran invitados los sindicatos que no participaron en el conflicto, lo que ha generado innumerables conflictos intra-sindicales.

También se han cometido abusos tales como dictar dos veces la conciliación excediendo el plazo de 20 días que establece la ley; se dictaron conciliaciones por períodos más breves de cinco días y luego se fueron prorrogando mas allá del plazo legal. Se toleró la infracción de algunos empresarios que no cumplieron con la orden de reinstalación temporaria; también se toleró que muchos colectivos, cansados de la dilación y la perdida de efectividad de las medidas de fuerza, las hagan efectivas aun estando vigente el plazo.

Los órganos de control de la OIT tienen dicho que para que la conciliación sea viable se requieren dos elementos esenciales: la independencia de la autoridad y la confianza de las partes.
Es evidente que una conciliación notificada el día sábado 19 a APTA, con un pedido de suspensión de personería y medida cautelar solicitando se disponga la suspensión del ejercicio de las funciones de la comisión directiva, no reúne estos requisitos.
La medida fue notificada un sábado y el lunes ya estaba iniciado el pedido de suspensión de personería.

Es claro y a todas luces contrario al sentido de “independencia y confianza” al que hace referencia el Comité de Libertad Sindical.
Pero hay un hecho que causa pavor. La sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones es la que resultó “sorteada” para el tratamiento del caso y el primer voto está a cargo de la camarista Silvia E. Pinto Varela, la misma que en tiempo récord dio por tierra el fallo de primera instancia que había declarado válida la convocatoria a elecciones complementarias de la CTA.

Este clima de prepotencia , que desgraciadamente también arrastra a parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, especialmente al Fiscal General, Eduardo Alvarez, es sin duda una advertencia del poder político , y nos alerta sobre cual va a ser su actitud ante los conflictos que se suscitaran en el desarrollo de la actual crisis.

Es sin dudas un caso testigo destinado al disciplinamiento de los trabajadores y sus organizaciones . Una medida ejemplificadora varias veces anunciada desde el discurso presidencial.
Produce escozor escuchar al ministro Tomada hablar de “aplicar la ley”. Ofende a la verdad.
No lo hizo y no lo sigue haciendo respecto a temas fundamentales como la libertad sindical, haciendo oídos sordos a las observaciones de OIT sobre incompatibilidad del la ley sindical con el convenio 87 (lo cual fue corroborado por dos fallos de la Corte Suprema: ATE y Rossi). Tampoco aplica ese principio al momento de otorgar inscripciones y personerías gremiales, con trato discriminatorio para los que no se subordinan al poder político.

Se está ante un nuevo escenario que esconde la verdad y sanciona a los disidentes. En él se advierte un peligroso criterio para sostener la democracia.



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miércoles, 9 de noviembre de 2011

Repudio de la CTA Tucumán al despido de Periodista de Radio Nacional


Desde la Central de Trabajadores Argentinos de Tucumán, la mesa ejecutiva repudia el despido arbitrario y violatorio de las normativas sindicales vigentes, del compañero periodista Walter Alú, integrante de la APT.

La conducta, persecutoria, discriminatoria y antisindical que lleva a cabo el actual director de Radio Nacional, incurriendo  flagrantemente en el delito de práctica desleal, ya  que atenta contra la libertad y la democracia sindical, toda vez que viola los derechos constitucionales  estipulados en el Art. 14 bis de la CN , los tratados internacionales, las disposiciones de la OIT y lo normado por la Ley 23551 de Asociaciones Sindicales, en el acápite que tipifica la tutela sindical.

Por lo expuesto es que nos manifestamos públicamente y nos ponemos a disposición de la entidad gremial y del compañero Walter Alú.
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martes, 8 de noviembre de 2011

Denuncian plan de venta de Laboratorio y despidos masivos



Ante la  crisis internacional  el mundo laboral comienza a ser el que paga las consecuencias, y por ello La FAAPROME - CTA denuncia un premeditado plan de despidos masivos vinculado a la venta del Laboratorio Sandoz, perteneciente a la multinacional farmacéutica suiza del Grupo Novartis en Argentina. 

Las asociaciones gremiales que integran la FAAPROME - CTA coordinarán medidas de fuerza a los efectos de definir el plan de lucha que se pondrá en marcha la próxima semana destinado a impedir la concreción de tal maniobra empresaria, anunció  Salvador Agliano, Secretario General de la Federación quien además agregó:"Este tipo de  maniobras que  pretenden llevar a cabo el Laboratorio Sandoz junto a la multinacional farmacéutica Novartis configuran un flagrante vaciamiento, que de prosperar acarrearía inevitables pérdidas de las fuentes de trabajo"

El Laboratorio Sandoz S.A., parte del Grupo suizo Novartis, comercializa líneas de fármacos genéricos, además de oncológicos y otros productos como ser: Acetato de ciproterona: cáncer de próstata inoperable Acetato de leuprolida: tratamiento de endometriosis, pubertad precoz, carcinoma de próstata, Acido ursodesoxicólico: litolítico, antilitogénico, colerético, Allopurinol: antihiperuricémico, ácido úrico, Capecitabina: cáncer de colon-recto, cáncer de mama, cáncer gástrico, Clopidogrel: antiagregante plaquetario, Enoxaparina: prevención de enfermedades tromboembolíticas venosas,Gemcitabina: cáncer de páncreas, cáncer de mama, cáncer de pulmón no a pequeñas células, cáncer de ovario, cáncer de vejiga; Glucosamina sulfato: antiartrósico; Paclitaxel: cáncer de ovario avanzado y de mama metastático; Simvastatina + ezetimibe: hipolipemiante; Simvastatina: hipolipemiante; y Tamsulosina: hiperplasia prostática benigna. 
La planta del Laboratorio Sandoz sería vendida al Laboratorio Raffo."Desde nuestro sindicato nacional de visitadores médicos no vamos a permitir que las multinacionales como el Grupo Novartis en Argentina le hagan pagar la crisis internacional a los trabajadores con pérdidas de fuentes de trabajo y derechos colectivos. 

Estas fusiones empresarias farmacéuticas como la de Sandoz vía las decisiones que Novartis toma como multinacional en alguna parte del mundo es a espaldas de los trabajadores, la sociedad argentina y claramente dañina para la economía nacional. No vamos a permitir que haya un sólo despido por la crisis internacional, estamos programando asambleas y definición de acciones gremiales y esperamos que el Estado a través del Ministerio de Trabajo de la Nación este firme en defensa de los trabajadores en la República Argentina", consideró el dirigente de la Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM-CTA) y secretario adjunto de CTA Nacional, Ricardo Peidro.
Esta semana se lanzarán asambleas para definir los pasos a seguir y acciones gremiales, además de exigir reuniones con los representantes del Laboratorio Sandoz y del Grupo Novartis en Argentina.




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domingo, 6 de noviembre de 2011

BASTA DE NINGUNEOS, CONVENIO COLECTIVO YA !

Los reclamos por reivindicar el salario de los trabajadores es una de la luchas diarias que llevan a cabo los gremios, los empresarios y los grandes monopolios empresariales pretenden desconocer las leyes laborales de nuestro país, es por ello que desde CePeTel,( Sindicato de trabajadores de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones) halla puesto énfasis en hacer respetar nuestros derechos.

Después de un proceso de negociación de casi tres años y de la negativa de la empresa TELECOM a firmar el pre-acuerdo convenido con la organización gremial, los trabajadores de CePETeL anunciaron el estado de alerta y movilización.

CePETeL dice “Basta a las constantes idas y venidas” de la empresa TELECOM alrededor de la negociación por la firma de un acuerdo para la aplicación del convenio colectivo de trabajo a los empleados afiliados al sindicato. Este “basta de ninguneo” se reflejó en la decisión tomada el día 2 de noviembre, en una asamblea realizada en la puerta del edificio que tiene la compañía en Puerto Madero. 

Los trabajadores y trabajadoras venían realizando medidas de fuerza de modo sistematizado todos los jueves frente al nombrado edificio de la compañía, mientras la comisión negociadora se reunía con los representantes de la misma en post del tan necesario acuerdo. En las reuniones que durante los últimos seis meses se realizaron de modo semanal, CePETeL y TELECOM habían definido un pre acuerdo que al momento de la firma la empresa decidió rechazar. A partir de allí, la organización gremial en asamblea resolvió radicalizar las medidas de fuerza que venían llevando a cabo, determinando el estado de alerta y movilización y quite de colaboración.

Este manoseo de TELECOM, no solo deja demostrada la mala fe negocial de la empresa para con el colectivo de trabajadores organizados, sino también su reiterada violación a la legislación laboral argentina y a la libertad de organización sindical de los trabajadores y trabajadoras. 

Fuente: www.agenciacta.org
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jueves, 3 de noviembre de 2011

"Que no nos corten el derecho a reclamar”

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) expresó su opinión ante las recientes expresiones de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con respecto a las protestas de los trabajadores, el corte de calles y la criminalización de la protesta.

“ Es difícil sostener que en nuestro país no se criminaliza la protesta cuando existen entre 4 y 5 mil militantes populares procesados por reclamar.
“ No se trata de acusar al Gobierno de apelar a la represión brutal pero hay responsables entre el poder político, los grupos económicos, las fuerzas de seguridad y las patotas en los 14 asesinatos perpetrados desde el crimen de Mariano Ferreyra a la fecha.

“ Los trabajadores que reclaman no buscan aprovecharse de ningún Gobierno ni de su Presidenta sino que buscan soluciones a los problemas concretos que los aquejan: homologación de acuerdos salariales, paritarias libres, sueldos bajos, trabajo precario, tercerización laboral, falta de libertad y democracia sindical, entre otros temas por los que la CTA lucha diariamente.

“ Lucha que no cesan mientras no cesen las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Lucha que seguirá adelante, sea cortando calles, ocupando veredas o llenando la plaza de Mayo –que sigue estando vallada- sin violencia ni pretensión de molestar a otros sectores populares, pero con la firme voluntad de protagonizar el conflicto social.

“ Reclamando con legítimo derecho la prohibición de los despidos y suspensiones como la mejor manera de proteger a los trabajadores de la crisis; la eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios y el 82 % móvil para todos los jubilados.

“ Convencidos de que lo que hay que cortar es la ambición desmedida de los grupos económicos que han comenzado a descargar la crisis sobre los trabajadores ”. firman el comunicado Pablo Micheli, secretario general, Ricardo Peidró y José Rigane, secretarios adjuntos de la Central de Trabajadores de la Argentina con fecha 2 de noviembre de 2011.





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miércoles, 2 de noviembre de 2011

Crece el Observatorio Jurídico de Tucumán

En diálogo con ACTA los abogados Manuel Pardo Moyano, Sixto Fernández y Mario Poggio contaron cómo nació el Observatorio de Derecho Social en Tucumán y de qué manera se organizan en esta nueva etapa de la Central. Un paso más en el afianzamiento de la CTA en esa provincia del norte argentino.

¿Cómo nace el Observatorio?

Manuel Pardo Moyano: Nació tras las elecciones de la CTA del año pasado. Tucumán se presentó como una lista independiente pero que adhería plenamente a la filosofía de Pablo Micheli: totalmente independiente de gobierno alguno y abarcativo de los trabajadores desde que inician la actividad hasta que se jubilan.

Partió también de la necesidad de adaptar la CTA Tucumán a esta nueva etapa de la central, a esta central de masas, con nuevas organizaciones sindicales, con miles de delegados. La cuestión es que fuimos a elecciones y ganamos con una lista independiente pero adherida a Pablo Micheli. Una jueza decidió un amparo que determinaba que la Lista número 6 de Tucumán había ganado y que su triunfo era incuestionable.

¿Y por qué fueron a complementarias?
Por una decisión de darle mayor legitimidad al triunfo. Había dudas en cuanto a lo nacional, por eso se volvieron a hacer y volvió a ganar Micheli.

A partir de ahí comenzaron a trabajar

Sixto Guillermo Fernández: Exacto, en principio, como no había otro lugar para atender colaboraba muchísimo la Asociaciòn Agentes de Propaganda Médica (AAPM-CTA) que nos prestaron un lugar donde empezamos a trabajar. Estuvimos ahí 4 ó 5 meses. Despues cuando se inauguró el nuevo local de la CT conseguimos una oficina y empezamos a trabajar ahí. Generalmente estamos atendiendo los martes y los viernes y empezamos a ver cómo cada día llegaba más y más gente buscando diversas cuestiones, con distintas inquietudes.

Manuel Pardo Moyano: Si, empezamos a soñar con que la CTA tenía que tener más presencia y hoy por suerte la tiene. Mas que nunca la CTA empieza a ser una referencia para los que luchan. Cuando hay algún problema, la CTA va al frente y dirige la marcha. Nuestra referencia es el Observatorio Jurídico de la CTA Nacional. Nuestro Norte es agregarle instituciones a la CTA Tucumán. A tal punto que ya llevamos 4: los metal mecánicos de Scania, líneas internas de Vialidad, choferes de transporte público de colectivos (Sicou). También vienen compañeros que buscan asesoramiento sobre violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura.

Mario Poggio: Justamente ahora estamos armando un gremio de fotógrafos sin relación de dependencia, gente que no tiene obra social ni aportes jubilatorios.

Sixto Fernández: Se acercó mucha gente con ansias de formar algo pero sin las herramientas ni los conocimientos suficientes para hacerlo. En ese sentido, los viajes que fuimos haciendo para acá (CTA Nacional) nos fueron enriqueciendo. Se empezaron a consolidar las agrupaciones gremiales que iban a consultarnos, a formalizar su afiliación y su relación con la CTA, empezamos a ver cómo participaban. Hoy se acercan a la sede todos los meses. Dentro de este marco empezamos a ver de qué forma podíamos volcarle a la gente lo que nosotros conocemos desde la CTA, entonces empezamos a realizar otras actividades que trascendían lo estrictamente jurídico. Vinimos acá, charlamos con Horacio Meguira, vimos que ellos hacían un trabajo de investigación en base a la realidad social y del trabajo de los distintos lugares del país.

También vimos que podíamos hacer alguna otra cosa: actividades para acercar a la gente el pensamiento de la CTA o las cuestiones que hacen a la organización del movimiento obrero.
Por eso lo convocamos a "Pipón" Giuliani a que presentara el libro (Lo que somos) porque creemos que es una forma de que la gente conozca qué es la CTA más allá de lo que pueda salir en el diario o verlo en una marcha.

Ahora la idea es llevarlo a Horacio (Meguira) para hacer una charla tratando de pensar en qué ámbito sería más fructífera la intervención de cada uno de ellos. Llevamos a algunos jueces laborales. En el caso de "Pipón" buscamos hacerlo desde la política por eso convocamos a referentes políticos de diferentes organizaciones. Nos sorprendió gratamente que hayan ido todos, pero además fueron muchos más de los que convocamos.

Manuel Pardo Moyano: La visita de "Pipón" generó la semilla de fundar un nuevo gremio de prensa con gente de La Gaceta que está cansada del otro tipo de gremialismo. Alla existe la Asociación de Prensa de Tucumán pero está muy desvirtuada como gremio.

¿Y los planes para el futuro?

Manuel Pardo Moyano: Estamos organizando una cátedra del movimiento obrero. El tema de la Cátedra surgió después de la charla que tuvimos con Meguira. Ellos nos contaron que tenían una en la Universidad de Lanús sobre la historia del movimiento obrero argentino. Luego se nos abrió la posibilidad de tener una nuestra con una Universidad privada de Tucumán que se llama San Pablo y que tiene una amplitud bastante extraña para Tucumán. Tuvimos contacto con el Rector y ahora estamos en el paso final de la conformación de la Cátedra, estamos terminando la historia del movimiento sindical en Tucumán, ya tenemos la parte del derecho laboral vigente y nos falta hacia dónde va el movimiento sindical argentino. Al rector le gustó así que ahora tenemos que llevar ya concluida toda la materia.

Mario Poggio: Estamos armando una lista para participar en las elecciones del Colegio de Abogados. En Tucumán no hay un ejercicio muy grande de lo que es el Derecho Sindical, se maneja por el Derecho Civil y por el Derecho Laboral común y eso sí es una apertura para todo el Norte. Eso estamos construyendo como abogados y militantes de la CTA.

Se están convirtiendo en la puerta de entrada.

Manuel Pardo Moyano: Estamos apuntando a los gremios privados, nos está yendo muy bien.

Mario Poggio: La CTA se está convirtiendo en una alternativa.
* Director de Comunicación y Difusión de la CTA
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