jueves, 26 de enero de 2012

Ley Antiterrorista: El Habeàs Corpus no serà tratado en la feria judicial

El juez federal de Tucumán Daniel Bejas rechazó tratar durante la feria judicial el pedido de hábeas corpus interpuesto por una veintena de organizaciones y dirigentes sociales, políticos y gremiales de la provincia contra de la llamada Ley Antiterrorista.

Respecto del Habeas corpus y pedido de inconstitucionalidad de la ley antiterrorista presentado en la Justicia Federal, el Juez Federal Daniel Bejas decidió no resolver sobre el fondo de la cuestión, porque consideró que el Habeas corpus no constituía una cuestión de feria judicial.- 

Esta decisión no deja de llamar la atención, dado la urgencia y la importancia que tiene siempre un habeas corpus en virtud de su calidad de garantía constitucional ante cualquier tipo de lesión, restricción o amenaza a la libertad física de las personas.-
Ante esta situación se ha presentado un recurso de apelación para que se revise la sorpresiva resolución del juez.
El titular de la CTA tucumana, Salvador Agliano, el principal impulsor de la demanda contra la ley antiterrorista, explicó que el juez consideró que la cuestión “no ameritaba que sea tratada durante la feria judicial de verano por lo que quedó reservada para cuando la actividad se reanude normalmente en los tribunales”.
La presentación tiene, como planteo de fondo, el pedido de que se declare la inconstitucionalidad de la norma cuestionada. “La sorpresiva decisión del juez no deja de llamar la atención dada la urgencia y la importancia que tiene siempre un hábeas corpus, en virtud de su calidad de ser una garantía constitucional ante cualquier tipo de lesión, restricción o amenaza a la libertad física de las personas, extremos que se dan en este caso”, argumentó.
Agliano adelantó que presentó un recurso de apelación para que se revise la resolución judicial.
 La ley 26.734 contempla la modificación de varios artículos del Código Penal vinculados con actividades que podrían aterrorizar a la población, pero la falta de precisión sobre el tipo de acciones a las que se refiere es lo que inquieta a las organizaciones sociales.
Uno de los artículos incorporados al Código Penal establece el incremento de penas “cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
El texto fue convertido en ley el 22 de diciembre en el Senado y fue promulgado por la Presidenta, en un contexto de rechazo de distintas organizaciones que realizaron movilizaciones para manifestar su malestar