miércoles, 12 de septiembre de 2012

El secretario de DDHH de Tucumán recibio a la CTA

El secretario de los derechos Humanos de la provincia de Tucumán, Humberto Rava,  recibió a una delegación de representantes de organizaciones políticas, sindicales y Sociales.

Ante el conocimiento de los supuestos actos de espionaje contra dirigentes opositores tucumanos de diversos ámbitos en los que habría incurrido el Gobierno, a través de la división D-2 de la Policía, recaló en un pedido para que los propios órganos del Poder Ejecutivo lleven adelante una investigación con el objeto de establecer la veracidad de estos hechos.

Durante el encuentro, Daniel Blanco (Partido Obrero), Clarisa Alberstein (Movimiento Socialista de los Trabajadores y secretaria de DDHH de la Central de Trabajadores de la Argentina -CTA-) y Gastón Gómez (Movimiento Barrios de Pie). con el asesoramiento letrado de Mario Poggio CTA, expusieron su malestar y preocupación ante el funcionario.
Los presuntos casos de espionaje se conocieron tras una nota publicada la semana pasada por el diario porteño La Nación donde se daba cuenta, a partir de declaraciones de ex comisarios de la fuerza local, que la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía (conocida como D2) realiza tareas de espionaje a dirigentes opositores.
"Nosotros, en el caso particular como damnificados, puesto que estamos mencionados en la nota periodística, hemos presentado todos los recursos de habeas data para que se interrogue a los organismos pertinentes sobre si hay algún pedido de investigación, de orden de captura, tanto en torno a mi persona como a nivel de la organización que represento", sostuvo Blanco al término de la reunión, al tiempo de mencionar que obtuvieron como respuesta el compromiso de la Secretaría de llevar adelante los pasos necesarios para determinar la validez de la denuncia periodística.
Sin embargo, desde la propia repartición oficial se desechó de plano algún tipo de intervención gubernamental en torno a los hechos esgrimidos, planteando una defensa plena y absoluta de la gestión alperovista en materia de respeto a los derechos ciudadanos.
Cabe recordar asimismo que el dirigente del PO realizó la semana pasada una denuncia penal al respecto, al alegar que las tareas de investigación colisionan con lo demarcado por la Ley 25.520 de seguridad interior, que prohíbe de manera taxativa la realización de ese tipo de actividades a las fuerzas de seguridad.
En relación al pedido de hábeas data, Blanco indicó que el mismo fue interpuesto con el objeto de que se avance en materia investigativa para determinar "porqué se habilita el funcionamiento de vehículos sin patente en reparticiones policiales, por qué existe el funcionamiento de una institución pública, como lo es la D2, que aparece anónima, y además pretendemos saber qué función cumple dentro del sistema de seguridad".
En tanto, Alberstein describió algunas metodologías que, a su entender, se vincularían con maniobras trazadas por los servicios de inteligencia oficiales, para obtener datos de aquellos grupos y personas que se manifiestan contrariamente al gobierno tucumano.
Al respecto, la dirigente adujo que "hay gente desconocida que aparece en las marchas filmándonos y después permanentemente sentimos los teléfonos pinchados, eso es moneda corriente. En distintas oficinas públicas y hospitales se pusieron cámaras que filman a los trabajadores y pacientes, y no creemos que eso sea para garantizar la seguridad sino que es un mecanismo de coacción y de espionaje que hay sobre la ciudadanía, y esto fue organizado en las distintas reparticiones públicas en los últimos meses. Nos parece que es un hecho a denunciar, porque están espiando a la población en general".
Paralelamente, una de las referentes de la Izquierda tucumana, cargó contra la ley antiterrorista puesto que, a su consideración, dicho instrumento normativo avalado y sancionado por el kirchnerismo se constituye "en el marco jurídico que profundiza esta actitud de persecución social, gremial y política a la oposición o a todo aquel que esté en contra de cualquier hecho del Estado", remarcó.
A su turno, el líder del Movimiento Barrios de Pie destacó que durante la reunión con Rava "le hemos planteado que es un problema (el posible espionaje) eminentemente político puesto que se da en un contexto de una crisis, donde los trabajadores, los que menos tienen, salen a reclamar sus derechos y, en consonancia con esta crisis, los gobiernos, en vez de dar respuesta concreta a las demandas sociales, plantean una escalada represiva, perseguir a los trabajadores y luchadores. Estas prácticas no apuntan a resolver el conflicto, sino a generar más caos y problemas" señaló Gómez.

Sin responsabilidades

Con posterioridad a las declaraciones brindadas por los dirigentes opositores, el secretario de DDHH tuvo que expresar la postura oficial respecto a los hechos denunciados y una de las primeras frases esgrimidas estuvo en línea a deslindar responsabilidades de la gestión alperovista apelando a sembrar dudas en razón de la fiabilidad de lo expuesto mediáticamente por el matutino porteño.
En este sentido, Rava adujo que "es una información que carece de un fundamento concreto", pero precisó que se vehiculizarán todas las herramientas administrativas para esclarecer dichos acontecimientos controvertidos. "Nosotros somos receptivos a todo tipo de denuncias que tengan que ver con algún tipo de violación de la libertad o de un tipo de espionaje, pero que resulta incompatible con nuestro gobierno, con la democracia y con la Policía y su formación cada vez más democrática. También al conjunto de la población, porque tanto los señores de la policía como nosotros somos parte de la sociedad que está luchando por profundizar sus vivencias democráticas y sus conceptos de respeto y no violación a los derechos humanos", refirió el funcionario alperovista.
Reafirmó sus comentarios al dejar en claro de manera enfática que "yo puedo asegurar que no hay una política de espionaje político en nuestro gobierno, que no sea el control de la delincuencia o actos delictivos".
Finalmente, el secretario de DDHH precisó que "lo que voy a hacer es vehiculizar esta preocupación ante el organismo pertinente que es el Ministerio de Seguridad. Nosotros, por nuestro lado, expresaremos constantemente un concepto de trabajo, no sólo de la policía, sino en todos los ámbitos del Estado donde tajantemente afirmamos que es absolutamente contradictorio e imposible la convivencia con todo aquello que tenga que ver con espionaje político o resquicio de ese pasado (período de la dictadura militar) que afortunadamente estamos dejando atrás", indicó Rava.

El radicalismo pretende que el Ministro de Seguridad sea interpelado en la Legislatura

La Junta de Gobierno de la Unión Cívica Radical (UCR) dio mandato a sus cuatro legisladores provinciales para que pidan la interpelación del ministro de Seguridad, Mario López Herrera, por las denuncias sobre supuestos hechos de persecución policial contra referentes políticos, gremiales y sociales de la provincia.
La resolución se adoptó en una reunión realizada el luens pasado bajo la conducción del senador José Cano. “Se trata de hechos de suma gravedad institucional que merecen algo más que una simple desmentida por parte del gobernador José Alperovich. Hay un ilícito denunciado”, precisó el parlamentario.
La conducción radical advirtió que en predios sin identificación oficial, ubicados en la zona de la plazoleta Dorrego, funcionan las dependencias que públicamente fueron atribuidas a la Dirección de Inteligencia Criminal (D2) que estaría dedicada a realizar tareas de inteligencia política y gremial, las que fueron denunciadas ante la Justicia Federal por violación a la ley 25.520.
La resolución de la Junta de Gobierno radical repudió estos hechos y exhortó al Poder Ejecutivo a esclarecer cuales son las funciones de la D2. También requirió informes sobre las autoridades policiales a cargo de la dependencia, los recursos de los que disponen y los informes que realizaron durante los últimos dos años. Los datos deberían ser aportados por el ministro de Seguridad en el pedido de informes que deberán pedir los legisladores. Firman la resolución, además, de Cano, el vicepresindente de la Junta, Raúl Albarracín y el secretario general, Juan Roberto Robles.

Libre expresión para todos

“Este gobernador en particular, y este gobierno en general, ha dado y sigue dando muestras de absoluto apego a la ley y que ha hecho de la libertad de expresión en la provincia un asunto de todos los días y para todos los tucumanos”.
José Alperovich (Gobernador
de la Provincia)