martes, 13 de noviembre de 2012

Se inicio el Juicio de la Megacausa Arsenales II - Jefatura II"

La trágica historia de decenas de familias tucumanas, que vivieron en carne propia el horror de las vejaciones, torturas y asesinatos que se cometieron durante la última dictadura militar en los dos más sanguinarios centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia, finalmente comenzó a ser contada ayer. La presencia de distintos sectores políticos y sociales, la CTA Tucumán, estuvo representada  por la secretaria de los derechos humanos de la central , Lita Alberstein, y el secretario general Salvador Agliano.


La secretaria de Derechos Humanos de la CTA, movilizò ante el inicio de la megacausa Arsenales II Jefatura  de Policía II, histórico juicio contra los genocidas, que por su envergadura, 44 imputados, 235 víctimas, y más de 400 testigos, mostrará el verdadero circuito de la tortura y la muerte, entre ambos centros de detención, y avanzará en el juicio a los mandos medios, policías, civiles y eclesiasticos, que fueron parte del genocidio, para avanzar en toda la verdad y toda la justicia.


Consultado Salvador Agliano al respecto del inicio de esta causa expresó: "Por fin llegó el día,  nuestros compañeros desaparecidos merecen que se conozca la verdad, acá hubo un plan sistemático de desaparición y asesinatos  de personas, en Tucumán no hubo guerra, hubo asesinatos, defenderemos  estos procesos de debate orales y públicos para el fortalecimiento de la democracia"

El juicio por la megacausa "Arsenales II - Jefatura II", largamente esperado por los familiares de desaparecidos en nuestra provincia, se inició en la sede del Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF), ubicado en Chacabuco y Crisóstomo Alvarez de la Capital tucumana. 

La primera audiencia se realizó con más de 40 imputados, entre ex militares, policías y civiles, que deberán responder por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron contra 235 víctimas, que en algunos casos se trataron de familias enteras.

Los integrantes del TOF Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga son quienes presiden el debate, que se inició con los planteos procesales. Luego, el Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Leopoldo Peralta Palma, Pablo Camuña y Patricio Rovira, leyó una síntesis de los hechos que padecieron las víctimas de la causa. 

En las denuncias se incluyen delitos de violación y usurpación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio; además de abusos sexuales, cuyas víctimas serán resguardadas y no trascenderá su identidad.

Un centenar de casos fueron expuestos en el recinto, los que representan un poco menos de la mitad de los que conforman el voluminoso expediente, que unificó las causas Jefatura de Policía II y Arsenales II.
El expediente tiene unos 450 cuerpos, donde se detallan incidentes, excarcelaciones y planteos que totalizan alrededor de 90.000 fojas. 

El represor condenado Luciano Benjamín Menéndez, uno de los principales acusados, siguió la primera jornada del juicio desde un sector de videoconferencias instalado en la cárcel de Ezeiza, junto a otros ocho imputados que permanecen en la misma situación por estar detenidos en otras causas similares. 

La situación de Menéndez

La situación de Menéndez será resuelta en las próximas 72 horas por el Tribunal, ya que el represor también es juzgado en La Rioja y ese juicio se desarrolla los jueves y viernes, días establecidos para la megacausa a partir de la próxima semana. Tal como informó EL SIGLO en su edición de ayer, el TOF finalmente resolvería apartarlo de la causa, a los fines de poder proseguir con el juzgamiento del resto de los imputados, tal como sugirió la Fiscalía y como pretenden los abogados de la querella. 

Entre los acusados están María Elena Guerra, el escribano Juan Carlos Benedicto y el cura católico José Eloy Mijalchyk (ex capellán del Arsenal), quienes son los primeros civiles juzgados en Tucumán por crímenes de lesa humanidad. 

Estos y los demás imputados están acusados por la comisión de violaciones de domicilio, privaciones de libertad, torturas y homicidios, delitos cometidos entre 1976 y 1982. 
Los centros clandestinos de detención de la ex Jefatura de Policía y el ex Arsenal formaron parte del circuito represivo que funcionó en la provincia. 

Según la investigación, la dependencia policial era el primer lugar al que eran llevados los detenidos en la capital provincial, mientras que el predio militar fue un sitio de exterminio, donde a fines del año pasado fueron hallados varios cadáveres, de los cuales 13 lograron ser identificados.

Un clima de tensión

En el comienzo del megajuicio se vivieron momentos de tensión y ansiedad, tanto en el interior del TOF como en su exterior, hasta donde movilizaron varias agrupaciones defensoras de los derechos humanos. 
Los familiares de desaparecidos recibieron a los imputados, cuando estos ingresaron a la sala, al grito de "asesinos", mientras mostraban carteles con las fotos de los desaparecidos y la palabra "presente". 
Al mismo tiempo, los familiares de los imputados, que lucían remeras con la leyenda "justicia para los presos políticos", los recibieron con aplausos y llamándolos "héroes". 
En declaraciones a la prensa, Marta Rondoleto, perteneciente a la agrupación Familiares de Desaparecidos, sostuvo que "esto no sólo fue una cuestión de policías" y consideró que existe "un móvil económico alentado por un grupo de civiles". "Ellos se sirvieron de las fuerzas armadas y de seguridad de este país, además de contar con el beneplácito y colaboración de varios representantes de la Iglesia", indicó. Según Rondoleto, "en Tucumán hemos logrado desenmascarar esta esfera y entre los acusados está un sacerdote que tenía la misión de convencer y hacerles decir a los presos y secuestrados que confesaran cosas que ni siquiera muchos de ellos tenían que confesar". 
Por su parte Natalia Ariñez, de la agrupación HIJOS, señaló que durante el debate "se van a ventilar crímenes atroces y servirá para pararnos desde un lugar más justo y como sociedad porque no sólo tiene que ver con las víctimas: este juicio es de todos". 
"Esperamos muchos años para que los civiles sean llevados al banquillo porque ellos son la pata civil y beneficiada de la dictadura", agregó. 
Ariñez sostuvo que "la dictadura fue cívico militar y entendemos que existen juicios que están por venir para los civiles que se beneficiaron económicamente con el terrorismo de estado". 
El juicio proseguirá este martes, a partir de las 10.00, cuando en primer lugar y antes de continuar con la lectura de los casos por parte del Ministerio Público Fiscal, se resolverá la separación de Ernesto Arturo Alais, ex jefe del Regimiento 19 de la Infantería de la causa, por razones de salud.

“Están todos los que deben ser juzgados”, destacó el funcionario Luis Alen

"El Arsenal Miguel de Azcuénaga fue uno de los centros de detención y exterminio donde hubo una aplicación de crueldad extrema", sostuvo Luis Alen, subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, y destacó que en el juicio iniciado ayer en Tucumán "están todos los que deben ser juzgados". Según Alen, por el Arsenal "pasaron centenares de detenidos y existen muy pocos sobrevivientes, lo que demuestra la magnitud de los hechos". "Este es el juicio más grande que se desarrolla en Tucumán", indicó el funcionario, luego de presenciar la primera audiencia del megajuicio que unifica las causas Arsenal y Jefatura de Policía, en las que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. 
"El avance del proceso de memoria, verdad y justicia se reabre en el 2003 por el impulso de Néstor Kirchner y ha sido continuado y profundizado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, logrando que se juzguen en su totalidad a todos los responsables de la última dictadura que fue cívico militar", indicó Alen. 
"Aquí, en el banquillo, también hay civiles, sacerdotes y todos aquellos que estuvieron implicados y deben ser juzgados", apuntó el funcionario. 
El subsecretario de Derechos Humanos indicó que "en todo el país se llevan adelante investigaciones sobre los empresarios, como (Carlos Pedro) Blaquier (dueño del ingenio Ledesma); empresas como Ford y Mercedes Benz, donde desaparecieron las comisiones gremiales internas". 
También mencionó el caso de Papel Prensa, "donde un grupo de medios asociados con la dictadura se apoderaron de la planta productora de papel".