martes, 12 de febrero de 2013

"CTA TUCUMAN Adhiere y convoca a la marcha contra la impunidad el 26/2

La impunidad de los poderosos y el feudalismo de las instituciones en Tucumán y Catamarca une trágicamente a las muertes de Paulina Lebbos y María Soledad Morales.

María Soledad Morales fue asesinada el 9 de septiembre de 1990 a los 17 años por los “hijos del poder” en Catamarca.

Paulina Lebbos fue asesinada el 26 de febrero de 2006 a los 23 años presuntamente por los “hijos del poder” en Tucumán.

Alberto Lebbos relaciona la muerte de su hija con los llamados hijos del poder. “Lo que pasó es que hubo una fiestita y se les fue la mano, como pasó con el caso María Soledad”.

En 1990, el intento de las autoridades de Catamarca por encubrir el asesinato desencadenó una serie de históricas movilizaciones populares que contaron con el apoyo de amplios sectores en todo el país.

Las marchas por María Soledad lograron el esclarecimiento del homicidio, se puso de manifiesto las condiciones semi-feudales de ejercicio del poder en muchas provincias argentinas, y produjo un considerable cambio político en Catamarca, con la caída definitiva del saadismo.

En la noche del sábado 8 de setiembre de 1990, María Soledad Morales fue a la disco Clivus, en donde se organizaba una fiesta a fin de recaudar fondos para el viaje de egresados de su colegio.

A las 9.30 de lunes 10 de setiembre, su cuerpo fue encontrado por unos trabajadores de Vialidad, en las afueras de la ciudad. Estaba semidesnuda, con el rostro desfigurado y con signos de violación.

Su muerte se produjo en una “fiestita” de poderosos. Sus padres utilizaron todos los medios políticos a su alcance para desviar la investigación. Pero el poder de las marchas populares pudo más. Los detenidos, Guillermo Luque y Luis Tula, ya cumplieron su condena y están en libertad.

El próximo martes 26, a siete años del asesinato de Paulina, la Plaza Independencia será el epicentro nacional de la lucha contra la impunidad en la provincia controlada con mano de hierro por José Alperovich y su familia.

El Tucumán de los Alperovich-Rojkés se asemeja mucho al feudalismo de los Saadi en Catamarca.

Durante el gobierno de José Alperovich, los casos de desapariciones y asesinatos se multiplicaron, sin que el gobernador se haga cargo de las investigaciones. Sólo en el caso Verón, de más visibilidad, se involucró.

Luego del polémico fallo del tribunal tucumano, que absolvió a todos los imputados en el caso de Marita Verón, se despertó una fuerte polémica sobre cuál es el escenario político y judicial actual de la provincia.

“En Tucumán existe miedo en la investigación penal preparatoria, en los fiscales, en la Corte y en los círculos de la legislatura. Por eso es que hay tanta impunidad”, denuncia Jorge Lobo Aragón, ex juez de instrucción y secretario de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y agrega: “las alianzas entre el poder político, el juego y el fútbol vienen desde hace veinte años atrás. Las mafias se manejan con patoteros y tipos que te intimidan. Los policías también están relacionados”.

El 26 de febrero de 2006, Paulina nunca llegó a la casa de su novio, César Soto, luego de festejar con amigos que había aprobado una materia. Paulina estaba desaparecida.

A partir de ese día comenzó una búsqueda desesperante por parte de sus familiares y conocidos. Hasta que quince días después, el 11 de marzo del mismo año dos jóvenes vieron un cuerpo con la cabeza rapada al costado de la ruta 341, camino a Raco. Era Paulina. La autopsia determinó que murió por asfixia. Alguien la ahorcó y antes la habían violado.

Pistas que no conducen a ningún lado. En un primer momento la hipótesis del caso se inclinó hacia una fuga de hogar y problemas familiares. Pero con el paso del tiempo todo fue cambiando. A medida que pasaron los días, la policía y el Ministerio de Seguridad de la provincia dicen que parecían dedicarse a desviar el curso de la investigación, plantando datos falsos, más que a buscar la verdad.

“Cuando se encontró el cuerpo, los policías intervinientes, a cargo del jefe de Policía Hugo Sánchez y el secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, lo movieron. Desbarataron el lugar del hecho. Escondieron las primeras fotos tomadas en el lugar y tomaron otras después de cambiar la escena, adulteraron las actas y falsificaron firmas de testigos”, detalla Alberto Lebbos.

Hasta el día de hoy, no hay ningún detenido y la causa está paralizada desde hace años: “No hay avances. Nunca hubo ni siquiera cruces telefónicos”.

Emilio Mrad, el abogado de la familia Lebbos remarca: “hay un encubrimiento desde el sector político para no avanzar con la investigación. Hubo muchos manejos”.

En este sentido, Lebbos repite una y otra vez un hecho que no quiere pasar de largo: el gobernador de la provincia, José Alperovich, en abril de 2006 dijo públicamente que sabía el nombre del asesino de Paulina y que faltaban pocas horas para atraparlo. “Todavía le estoy reclamando a Alperovich ese nombre. Nunca lo dijo y tampoco se lo llamó a citar”.

“Los fiscales podrían citarlo de oficio, al igual que los jueces de instrucción. Pero no se hace por miedo, temor. El poder judicial es muy afín al poder”, dice Jorge Lobo Aragón