jueves, 12 de marzo de 2015

Emergencia socio-ambiental popular en todo el territorio nacional.

Los más recientes desastres ambientales ocurridos en nuestro país, sumados a las fumigaciones con glifosatos de los campos de la agricultura, el fracking petrolero, y la megaminería a cielo abierto, con sus crecientes consecuencias sobre la vida y la salud  de millones de compatriotas, nos exige declarar de inmediato la EMERGENCIA SOCIO-AMBIENTAL  POPULAR EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, para impedir  que el actual modelo productivo del sistema capitalista en Argentina continué cometiendo crímenes de lesa naturaleza en todos los territorios, y de  lesa humanidad contra nuestras poblaciones.

Desde el 15 de Febrero, en particular, la provincia de Córdoba sufre grandes inundaciones. Sobre todo  la vertiente oriental de las Sierras Chicas, desde Ascochinga hasta La Calera. Son los miles de pobladores de esta región cordobesa los mayores afectados de estas últimas inundaciones, donde murieron más de 10 personas. Una gran mayoría perdieron todas sus pertenencias y en muchos casos hasta su vivienda. Son los mismos pobladores y vecinos que desde siempre sufren las consecuencias de las crecidas de los ríos ocurridas en los veranos del 2013, 2007 y 2000, y quienes soportan períodos de sequía mal manejados y voraces incendios en esas sierras.

La Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas, ha expresado con total claridad y certeza que “las sucesivas administraciones de este Gobierno se han dedicado a ignorar sistemáticamente las inquietudes y estudios que desde hace mucho tiempo vienen presentando ciudadanos, científicos e instituciones. Estos precedentes dan cuenta que LA CATÁSTROFE NO ES NATURAL, sino un lamentable cóctel de negligencia, improvisación y pésimas decisiones. Por tanto, consideramos que HAY RESPONSABILIDADES POLÍTICAS que deberán asumir tanto la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, como así también todos los ministerios y reparticiones implicadas ante el daño sufrido no sólo en las Sierras Chicas sino también en todo el territorio cordobés. En el camino de este largo proceso que hoy inflexiona en tragedia, la carencia de políticas que garanticen la auténtica participación ciudadana ha contribuido a acrecentar las variables de riesgo: ciudades que crecen sin ordenamiento territorial participativo, políticas de usos de suelo sesgadas a intereses económicos, trazados de rutas que no tienen en cuenta nuestros ecosistemas, son algunos de estos factores”.

Desde el 17 de Febrero, en Cholila al noroeste de la provincia de Chubut, se incendiaron casi 30.000 hectáreas de bosque nativos y la muerte de casi un millar de animales de productores y pobladores. Los vecinos de la zona denuncian que el hecho fue intencional y descartan que sea por motivos naturales ya que no hubo tormentas ni lluvias hace meses en esa localidad.
Daniel Fernández, un poblador originario de la zona, reconocido por su lucha en la reivindicación de los derechos de los Pueblos Originarios advirtió, dos semanas antes de que se inicie el fuego en los bosques, posibles incendios en la zona del Tigre, del Villegas y de la plataforma en cercanías a Cholila “por los negocios que comercializan tierras fiscales con bosques nativos, yendo en contra de la misma Constitución Provincial y posteriormente colocándose estas tierras para negocios inmobiliarios en dólares”.  

También desde mediados de Febrero todas las provincias del NOA vienen sufriendo las consecuencias de las inundaciones. Fuertes correntadas de agua inundando los campos y las calles de casi todos los pueblos y ciudades de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, se repitieron en estos últimos 25 días, como consecuencia del desborde de los ríos. En Tucumán, se produjeron grandes destrozos en rutas provinciales y nacionales, destrucción de canales, rotura y caída de puentes, poblaciones aisladas, miles de evacuados, suspensión de las clases y de circulación de los medios de transporte, un grave deterioro de la actividad productiva y comercial. Las lluvias de febrero y marzo han provocado fuertes crecidas de ríos y arroyos que bajan de los cerros del Aconquija al oeste y de las Sierras de Medina al noreste de la provincia de Tucumán, y que descargan en la Cuenca Salí-Dulce.
A esta ya grave situación que atraviesa transversalmente a toda la sociedad, se suma ahora el hecho de que el mineraloducto de Minera Alumbrera, que atraviesa más de 300 kilómetros desde la mina a cielo abierto en Catamarca hasta la planta de secado del “barro mineral” en Ranchillos-Tucumán, por medio de los cerros del Aconquija y atravesando por debajo de los cauces una gran cantidad de arroyos y ríos, se rompió como consecuencia de la crecida, en uno de los  cruces del Río Cochuna, originando una sería contaminación de las aguas con elevados valores de metales y metales pesados.

La magnitud de los perjuicios ocasionados por los efectos de estas inundaciones en Tucumán están teniendo la misma gravedad que los producidos en otras provincias, por cuanto las causas y el origen de estas violentas precipitaciones tienen que ver con el proceso global del CAMBIO CLIMÁTICO en todo el planeta, pero que en el caso de nuestra provincia están fuertemente determinadas por los desmontes indiscriminados y las talas incontroladas del bosque nativo, la insuficiencia de la infraestructura hídrica para responder a situaciones como esta, la ampliación irracional de la frontera agrícola y una no planificada urbanización que responda a políticas de estado sobre el uso de los suelos en el territorio provincial.

Al respecto, el propio Director Provincial del Agua, Ing. Juan Sirimaldi, declaró que  “si hubiera monte en las zonas afectadas, estas inundaciones no habrían ocurrido”, Se suma la opinión del Director de Vialidad Provincial, Raúl Basilio, quién reconoció que “los destrozos producidos por las correntadas se debieron a la tala de árboles, y por eso el agua destruye todo”.

Desde la fundación Pro Yungas se ha señalado que desde mediados de la década del 70 hasta ahora, unas 550.000 hectáreas de bosques nativos fueron taladas para destinarlos a la actividad agrícola ganadera, particularmente citrus y soja. 

Son todas advertencias y referencias contundentes que nunca fueron tenidas en cuenta por quienes tuvieron y tienen, por ahora, la responsabilidad de gobernar la provincia.

En tal sentido, consideramos necesario abrir un amplio debate en el conjunto de las organizaciones sociales, sindicales, culturales, socio-ambientales, de todo el país, sobre la necesidad  de DECLARAR LA EMERGENCIA SOCIO-AMBIENTAL  POPULAR EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, sobre la base de la propuesta  realizada por la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas, de Córdoba, y en el marco de la próxima Conferencia Internacional Deuda, Bienes Comunes y Dominación; Resistencias y Alternativas hacia el Buen Vivir a realizarse del 22 al 24 de abril del 2015 en la Ciudad de Buenos Aires, organizado por la Asamblea por la Suspensión de Pagos e Investigación de la Deuda y por la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes.

CTA AUTÓNOMA TUCUMAN                                 PRO ECO - Grupo ecologista