miércoles, 19 de agosto de 2015

La CTA repudia las presiones a la comunidad indígena

La CTA Autónoma se reunió con referentes de la Comunidad Indígena del Pueblo Diaguita de Tafí, quienes recientemente sufrieron un violento intento de desalojo. El encuentro, realizado en la sede de la Central tucumana, estuvo encabezado por Ricardo Peidro, secretario Adjunto de la CTA Nacional.

Durante la reunión -en la que participaron Salvador Agliano, secretario General de la CTA Tucumán; Ricardo Peidro, secretario Adjunto de la CTA Nacional; Julio Macera, secretario Adjunto de la CTA Capital; Jorge E. Monasterio, secretario de Relaciones con los Pueblos Originarios de Tucumán; y miembro de la comunidad con el Comunero de Base Diaguita, Hector R. Monasterio- se presentaron documentos y denuncias que prueban que este no es el primer intento de desplazar a la comunidad de veinte familias del territorio.

“Los hechos sucedidos esta semana no comenzaron ese martes, sino que se remontan a un año atrás” inició su relato el referente, en relación a un primer intento de desalojo realizado el 10 de junio de 2014. Ese día, integrantes de la Empresa Cementera Lules S.R.L. sin orden de desalojo ni de allanamiento, arremetieron con máquinas destruyendo edificaciones, alambrados, postes, sembrados y liberando a los animales.

Las denuncias debieron ser presentadas ante el Ministro Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en ese entonces el Dr. Luis De Mitri, ya que la fiscalía local no sólo no quiso tomar la denuncia, sino que detuvo y dejó incomunicado a Joaquín Monasterio a pesar de las graves lesiones que traía consigo a raíz del violento intento de desalojo.

“Desde ese momento somos permanentemente amedrentados, amenazados, silenciados y atemorizados por gente armada que custodia la obra que están haciendo. Si la Corte Suprema de Justicia de Tucumán hubiera actuado entonces conforme a derecho, podría haberse evitado lo que pasó ahora” relató Hector Monasterio en relación al último intento de desalojo el 14 de Julio, en el que una patota irrumpió para desalojar con armas de fuego en terrenos ocupados por 20 familias de la comunidad.

“No nos consta si hay intereses políticos ocultos y subyacentes a esta empresa; eso debería investigar la justicia. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias legales en defensa de nuestras tierras y de esta patota que arremetió contra nosotros”, señaló con total entereza, Hector Monasterio. A su vez, indicó que la comunidad solicitará la intervención del Arzobispo Monseñor Zecca y al Papa Francisco.