lunes, 24 de octubre de 2016

ADIUNT PRESENTÓ UNA MEDIDA CAUTELAR CONTRA LAS MANIOBRAS PROSCRIPTIVAS DEL RECTORADO

La medida responde a la Resolución emitida de la Junta Electoral de la Universidad Nacional De Tucuman (U.N.T) por la cual se decide dar de baja a la lista que gremial (“ADIUNT EN LUCHA”) y proseguir el tramite en las presentes elecciones en el marco de los comicios que se concretan en ASUNT. Esta mañana el gremio realizó una protesta para denunciar las maniobars de proscripción del Rectorado para seguir garantizando la corrupción y vaciamiento de la obra social.

Texto de la presentacion:

PROMUEVO APELACIÓN - SOLICITO MEDIDA CAUTELAR CON HABILITACION DE DIAS Y HORAS

SR. JUEZ FEDERAL DE TURNO - SEC. ELECTORAL.-
JUICIO: “LISTA ADIUNT EN LUCHA C/ JUNTA ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN”.-

Diego E. Toscano, argentino, mayor de edad, DNI. 24.982.075, con domicilio real en calle San Lorenzo 1269, San Miguel de Tucumán, y Walter Diaz, argentino, mayor de edad, DNI 17.042.217, con domicilio en calle Rioja 437, con el patrocinio letrado del Dr. JUAN JOSÉ CÓRDOBA y constituyendo domicilio a los efectos legales en casillero de notificaciones Nº 2952, CUIL 20-26424134-1, a V.S. respetuosamente digo:

OBJETO

Que en tiempo y forma venimos a plantear Recurso de Apelación conforme a los términos del Régimen Electoral de la Universidad Nacional de Tucumán, Código Electoral Nacional y Ley Orgánica de Partidos Políticos. Acción de Amparo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y en las previsiones de los arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), Ley 23.298, en contra de la Resolución Nº 57 DE FECHA 19/10/16 emitida por LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN (U.N.T.), con domicilio en calle Jujuy 351 de esta ciudad, por la cual se decide dar de baja a la lista que represento (“ADIUNT EN LUCHA”) y proseguir el tramite en las presentes elecciones en el marco de los comicios que se concretan en ASUNT.-

Asimismo, solicitamos que CON HABILITACIÓN DE DIAS Y HORAS se dicte medida cautelar innovativa a los efectos de que se modifique la situación jurídica existente y ordene a la institución demandada a suspender el tramite en las presentes elecciones y se abstenga de realizar cualquier proclamación de autoridades en lo que respecta a la presente elección, asimismo, en el caso hipotético de haberse concretado la proclamación de autoridades pido que la misma quede sin efecto hasta tanto se dicte sentencia de fondo en el presente juicio, todo en base a las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen.-
LEGITIMACIÓN
A los fines de acreditar la legitimación de esta parte, se adjuntan los instrumentos pertinentes para la acción que se ejerce, el derecho por otra parte, surge del Régimen Electoral de la Universidad Nacional de Tucumán, Código Electoral Nacional y Ley Orgánica de Partidos Políticos, también de lo normado por el artículo 43 de la Constitución Nacional y Ley 23.298, en el carácter de apoderados de la lista “ADIUNT EN LUCHA” y como afectados por la privación arbitraria e ilegítima de los derechos civiles y políticos, específicamente por causales de orden constitucional y/o formal y el derecho a un debido proceso legal, me encuentro legitimado para deducir la presente acción. El daño concreto, que a posteriori será detallado, como todo un proceso ilegítimo esgrimido con fines antidemocráticos avala también el ejercicio del presente derecho.-
PROCEDENCIA
Nos encontramos frente a resoluciones dictaminadas en el orden de un proceso eleccionario en el ámbito de la Obra Social de la U.N.T., la norma vigente determina que no es posible recurrir las mismas en sede administrativa y por ende la presente es la vía hábil adecuada y única.-
La vulneración de derechos es clara y la prosecución de plazos importa la actualidad del daño y el aumento del mismo en forma progresiva. Entonces, la lesión resulta actual e inminente sobre derechos consagrados en la Constitución Nacional y en Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional. La norma suprema es afectada y por ende su jerarquía superior con grave lesión a nuestro derecho político electoral. Las resoluciones impugnadas lesionan los derechos constitucionales, artículo 37 de la Constitución Nacional; artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículo 20 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre; y artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.-
Por otra parte, se afecta el derecho a una debida defensa y a la utilización de garantías procesales (por no respetarse el análisis y resolución de presentaciones pendientes). Asimismo, se vulnera el principio al debido proceso, truncando en forma inmotivada e infundada el procedimiento previsto en la ley electoral, lesionando el derecho a obtener una resolución justa.-
“…Finalidad. ... las normas procesales no se reducen a una mera técnica de organización formal de los procesos sino que tienen por finalidad y objetivo lograr la concreción del valor justicia en cada caso.” 3010/02, 3354/04.-

“...la interpretación de normas procesales no puede prevalecer sobre la primacía que cabe dar a la búsqueda del esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva, cuyo desconocimiento consciente es incompatible con el adecuado servicio de justicia, que asegura precisamente el art. 18 de la Constitución Nacional” (cf. Fallos 313:358 y Fallos CNE cit.).-
Tales garantías y derechos se encuentran consagradas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, artículo 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Queda a las claras la ilegalidad y arbitrariedad manifiesta del acto lesivo. En este orden, tanto el amparo de origen legal como el amparo constitucional (art. 20 inc. 2 de la CPBA y 43 de la CN), exigen que la actuación u omisión de la autoridad pública, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías constitucionales, en forma actual o inminente.-
La cuestión planteada, cuya inconstitucionalidad alego, se encuentra en palmaria contradicción con normativa de rango jerárquico superior resultando además arbitraria.-
ACERCA DE LA LEGITIMACIÓN PASIVA:
                   Cabría decirse en primer lugar que la Honorable Junta Electoral del Rectorado es un organismo permanente, no ocasional para estas elecciones.
                   Cabe destacar que este organismo es el que dictó los actos administrativos, manifiestamente arbitrarios –como lo veremos más adelante- que terminan proscribiendo a la lista que represento.
INEXISTENCIA DE UNA VÍA MÁS IDÓNEA
Asimismo, de acuerdo a la normativa electoral aplicable no se encuentra legislada ninguna vía judicial o administrativa pronta y eficaz diferente a la intentada para evitar los irreparables perjuicios derivados de este proceso arbitrario e ilegal, como es en el caso el proceder de la Junta Electoral en cuestión. Así, toda vía legal previa debería estar determinada normativamente para tratarse de una vía procesal válida.-
EXISTENCIA DE DAÑO GRAVE E IRREPARABLE

Entonces, como fuera referido el daño resulta patente, vulnerando garantías constitucionales y el derecho de candidatos y electores. Con un daño continuado y progresivo en el tiempo, se pretende obligarnos a sufrir un atropello a nuestras garantías y dejarnos sujetos (ya en el ámbito de ASUNT) a autoridades que ilegítimamente ocuparán posiciones que arbitrariamente les fueron otorgadas. De acuerdo a lo detallado previamente nos encontramos ante un daño grave e irreversible dado que de procederse a comicios en estas condiciones la lista representada por esta parte no verá subsanado de manera alguna la afectación directa a sus derechos.  Es claro el perjuicio cierto, grave, actual y también potencial, conculca con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta derechos fundamentales y garantías institucionales reconocidos por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales vigentes.-

Téngase presente que la Corte Suprema de Justicia sostuvo en fallo del 15/05/1984, "…Que esta Corte tiene declarado que siempre que aparezca de manera clara y manifiesta la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la vía rápida del amparo" (Fallos: 241-291; 280-228).-

 PLAZO PARA INICIAR LA ACCIÓN

En el presente caso, estamos en presencia de un procedimiento irregular ejercido por la Junta Electoral, el cual esta en plena ejecución por lo que el plazo para la interposición de la presente acción no ha expirado.-

Por la razón expuesta en el presente punto, corresponde admitir formalmente esta acción.-

COMPETENCIA

Que en al presente se trata de elecciones dentro de ASUNT, Obra Social dependiente de U.N.T., se ejerce contra la Junta Electoral de U.N.T. conforme a lo dispuesto por la norma en vigencia corresponde la atribución de competencia a la Justicia Federal, atento a que de las normas precitadas importa a este fuero intervenir en todas las causas en que la Nación o una Entidad Nacional sean partes.-

Es doctrina unánime la que indica que para determinar la competencia del Tribunal con relación a la causa debe estarse a la relación jurídica sustancial, conforme al modo en que fueron expuesto los hechos en la demanda y en tanto se adecue a ellos el derecho indicado como fundamento de su pretensión  (fallos CSJN 308, 229,3111, entre otros).-

HECHOS

Que como resulta de público conocimiento, se llevan adelante los comicios para la renovación del Consejo Directivo de la Acción Social de la U.N.T., con un cronograma fijado en Resolución Nº 43 de fecha 05/09/16.-

Nuestra lista, ejerciendo sus legítimos derechos se presenta, en fecha 26/9/16, para las elecciones de renovación de  autoridades del Consejo Directivo por el Estamento Docente.-


                   Posteriormente, y sin mediar notificación a esta parte, se le da vista a la otra lista que se presentó en el proceso (denominada Unidad y Compromiso Universitario) de los avales presentados por nuestra lista, accionar arbitrario que se hizo sin permitir nuestro derecho de control de dicha vista. Esta decisión fue observada por mi parte, sin recibir explicación de esta Junta. La lista contraria procede, en ese marco ilegal, a impugnar nuestros avales en fecha 03/10/16, manifestando que las firmas de los avales podrían ser apócrifas, pidiendo que se llame a los avalistas a ratificar su firma.-

Luego, la HJE nos corre vista de esas impugnaciones, y contestamos en fecha 05/10/16, rechazándolas, documento al que remito en honor a la brevedad. La HJE, en resoluciones 50 y 52, rechaza el planteo de la Lista denominada “Unidad y Compromiso Universitario”; y oficializa la lista que represento habilitándola a participar de manera condicionada o precaria. Mi parte, impugna dicho calificación, como totalmente sorprendente ya que había rechazado las impugnaciones y porque dicha calificación no existe jurídicamente (presentación de esta lista de fecha 12/10/16).-

Por Resolución Nº 54 de fecha 13/10/16 se ratifica la oficialización de nuestra lista “ADIUNT EN LUCHA”, habilitándosela expresamente para los comicios, siendo este acto definitivo e irrevocable al constituirse como firme. En sus considerando se establece sobre nuestra lista (parrafo cuarto) QUE NO EXISTE AGRAVIO AL DERECHO A PRESENTARSE A ELECCIONES En resolución posterior, dictamina la validez de la boleta (adjuntada oportunamente), AMBAS SE ENCUENTRAN FIRMES Y CONSENTIDAS.-

No obstante mi parte, y en colaboración con las diligencias de la HJE, presenta más de 25 ratificaciones de avales, con certificación de autenticad de escribano público, reservándonos la posibilidad de agregar nuevos si la HJE lo pidiere. Asimismo, en fecha 17/10/16, solicitamos a la HJE notificación escrita de los avales aceptados y rechazados y las eventuales causas, a lo que la HJE nunca contestó.-

                La HJE hace oídos sordo a nuestras últimas presentaciones, y designa una fecha para un “supuesto” perito calígrafo intervenga y presente un informe pericial dando cuenta de las autenticidad o no de las firmas de los avalistas. LA CONVOCATORIA A PERICIA ES NOTIFICADA PREVIAMENTE A LA RESOLUCIÓN Nº 54 (RESOLUCIÓN QUE LA FUNDAMENTABA), así, recién a hrs. 18:32 del 14/10/16 se notifica a esta parte la resolución Nº 54. Es decir la pericia se convocaba haciendo alusión a una resolución (Nº 54) sin entidad jurídica hasta ese momento, la  disposición electoral de fecha 14/10/16 no constituye resolución administrativa y esta parte impugna dicha decisión, (presentación de fecha 14/10/16, A LA FECHA NO EXISTE RESOLUCIÓN A DICHA OPOSICIÓN), a la que la demandada hizo caso omiso y emite ahora resolución N º 57 dando de baja la oficialización de nuestra lista, proscribiendo nuestra lista de las elecciones arbitrariamente.-

EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN Nº 57 DE FECHA 19/10/16

La resolución Nº 57 surge a pesar de que en el presente proceso consta que por Resolución Nº 54 de fecha 20/10/16 se ratificó la oficialización de nuestra lista de candidatos, habilitándose expresamente a la misma para los comicios y se dejó salvaguardado nuestro derecho a participar en elecciones (párrafo cuarto).-

No obstante esto, en forma ilegitima y sin ningún sustento se dictó una Resolución que da de baja a nuestra lista, cual es la resolución Nº 57, esto importa una nulidad absoluta y el quebranto de derechos constitucionales que de ninguna manera pueden dejarse de lado. Se afecta en forma dañosa y de manera inconmensurable el debido proceso establecido en la norma y se obstaculiza el correcto tratamiento de las presentaciones y etapas electorales.-

Así, dictaminada después del oficialización de lista y boletas, resulta improcedente y pretende revisar sobre actos ya precluidos. Por otra parte, en sus considerando, se hace referencia a pericias caligráficas destinadas a candidatos de nuestra lista CUANDO LOS MISMOS NUNCA FUERON CONVOCADOS A PERICIA ALGUNA, NI FORMARON PARTE DE IMPUGNACIÓN EN CUANTO A SUS FIRMAS. Es decir, se trata de una resolución sin sustento legal alguno, absolutamente arbitraria e ilegitima.-

En este punto, agrego que este procedimiento no encuentra respaldo en norma alguna, es decir, una pericial a las firmas de candidatos después de que la lista se encuentra oficializada, sin intervención de los firmantes, sin autoridad pública participante constituye una verdadera atrocidad de derecho, una sin razón que supera los límites de lo esperado.-

Las elecciones estaban determinadas de acuerdo al cronograma electoral para el día 20/10/16 por lo que la presente vía es la única posible para la protección de los derechos referidos en la presente.-

DERECHO - PRINCIPIOS VIOLENTADOS - JURISPRUDENCIA

Así, a la fecha se encuentra oficializada nuestra lista de candidatos y boleta correspondiente (voto), lo cual importa derechos adquiridos y etapas cerradas (principio de preclusión procesal), que satisfacen el debido proceso y la garantía de candidatos y electores. Nótese que legalmente, SOLO ESTA PREVISTA EXPRESAMENTE LA NO OFICILIZACION DE LISTAS Y SUS CAUSALES CORRESPONDIENTES (Código Electoral Nacional), trámite no posible en la presente etapa de este procedimiento electoral, porque reitero, la oficialización de lista fue realizada oportunamente al igual que la boleta correspondiente.-

LA LISTA CORRESPONDIENTE A ESTA PARTE SE CONSIDERÓ PRESENTADA Y OFICIALIZADA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 54 DE FECHA 13/10/16, CONFORME AL MISMO RÉGIMEN ELECTORAL DE U.N.T. NO ES VIABLE LA PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS AUTOMÁTICA DADO QUE YA EXISTE MAS DE UNA LISTA PRESENTADA Y OFICIALIZADA (ART. 63 REG. ELECTORAL U.N.T.), TANTO ASÍ, QUE LA BOLETA MISMA SE ENCUENTRA LEGITIMADA Y APROBADA.-

Por otra parte, firmas supuestamente cuestionadas, se encuentran avaladas por Escribano Publico según consta en actas de fecha 12/10/2016.
Entonces, de ninguna manera queda abierta la posibilidad de rechazar la oficialización o suspender la elección, mucho menos pretender proclamar en forma directa a candidatos.-
Por otra parte, las sanciones ante hipotéticas irregularidades en el proceso electoral están expresamente referidas en la legislación vigente DE NINGUNA MANERA SURGE LA POSIBILIDAD DE SUPRIMIR LA PARTICIPACIÓN DE UNA LISTA OFICIALIZADA, es decir, se está generando una nueva e inédita vía de hecho si es que una Junta Electoral se arroga el derecho de aplicar sus propias e inventadas sanciones, se intenta distinguir donde el legislador no lo hace y se cae en el absurdo de invención de causales y consecuencias procesales arrogándose derechos que no le competen, al decidir no oficializar la boleta, aniquilando el principio de legalidad y las garantías constitucionales. A colación:

“…si bien la previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituye per se una restricción indebida, su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Yatama vs. Nicaragua”, sentencia del 23 de junio de 2005, punto 206). Impedir, en el caso, la participación de la precandidata en cuestión, sobre la base de considerar únicamente que ésta “no es electora hábil de [ese] distrito” (cf. fs. 57), extendiendo por vía de interpretación las limitaciones previstas por las normas aplicables, importaría desconocer el aludido principio de legalidad”.-
Lo cierto es que, aun en el hipotético caso (que no corresponde al presente), de encontrarse en juego la posibilidad de participación y protagonismo en el proceso electoral, siempre se debe decidir por el ejercicio de los derechos y garantías de las listas o partidos permitiendo su aporte antes que vedarles su intervención. Viene a colación:

“..ante objeciones de carácter ritual en el cumplimiento de su cometido, que susciten dudas acerca del modo en que éste se habría llevado a cabo, debe prevalecer la interpretación que dé por satisfecho el recaudo controvertido, antes que elegir el camino de negarles su contribución al acto electoral...”( Gallego, Carlos A. y otros s/solicita oficialización de lista de candidatos nacionales elección 28 de octubre de 2007 como Alianza Frente Partido Justicialista y Alianza Frente Justicia, Unión y Libertad; T. 330, P. 4351).-

Por otra parte, es materia conocida que tanto la doctrina como jurisprudencia aplicada a estos temas determinan que el excesivo rigor formal va en detrimento de derechos constitucionales e importa gravedad institucional y arbitrariedad manifiesta dejando a las claras una nulidad insubsanable. La Resolución en cuestión afecta instituciones del sistema democrático y principios de legalidad. El derecho a elegir, como el derecho a ser elegido, son de raigambre constitucional y se encuentran por encima de cualquier normativa interna electoral, pretender que por mera formalidad de procedimiento se aniquilen derechos superiores seria ir en detrimento del sistema democrático que rige estos procesos con afectación de la norma de orden publico. Es que el espíritu de la norma es hacer verdadero el principio de representación, el representante posteriormente se compenetrará en velar por los problemas del electorado que elige, conforme Linares Quintana ("Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional", T. VIII, p. 232 y sgtes.), de González Calderón ("Derecho Constitucional Argentino, T. II, p. 401 y sgtes.) y de Montes de Oca ("Derecho Constitucional", T. II, p. 94 y 14 sgtes.), es decir, nos encontramos ante cuestiones que afectan la institucionalidad y el derecho colectivo. A colación:
“…sin establecer restricciones irrazonables que pudieran constituirse en un obstáculo a las candidaturas, so riesgo de configurar una afectación al derecho de elegir y ser elegido. En ese orden de consideraciones, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha establecido, a la hora de interpretar el artículo 25º del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos -que reconoce y ampara el derecho de todo ciudadano a votar y ser elegido, y el de tener acceso a la función pública- que "los Estados deben velar por que, en su organización interna [...] a fin de que los ciudadanos puedan ejercer los derechos que le garantiza ese artículo" (57º período de sesiones. Sesión Nº 1510, celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra, el 12 de julio de 1996).-

Reitero, la única forma de dejar a una lista fuera de una elección es mediante las causales determinadas por la norma y ninguna de ellas se encuentra encuadrada, todo plazo para interponer planteos de este tipo se encuentra vencido y los derechos de esta parte firmes y adquiridos.-

Así, se denota una clara ausencia de proporción entre lo resuelto y la norma, lográndose que el acto carezca de razón suficiente quedando afectado de irrazonabilidad (una de las formas de la arbitrariedad), además nos encontramos con la falta absoluta de fundamentación en la resolución, demuestran estos elementos que se violentan incluso principios de raigambre constitucional. De manera que la resolución cuestionada es nula de nulidad absoluta.-

Entonces, no hay elección autentica y eficaz sin participación de las listas oficializadas y mal se puede crear una vía legal no prevista para dejar fuera de elecciones a una de ellas, debe prevalecer el sistema democrático y preservarse el estado de derecho garantizándose la concurrencia a los comicios de las listas oficializadas. Mal puede procederse con excesivo rigor formal y apartarse de la propia norma de U.N.T. Asimismo, para el caso hipotético, solo puede procederse a la declaración directa de autoridades en caso de que exista UNA SOLA LISTA PRESENTADA (Ley Electoral U.N.T. art. 61) y ese no es el caso, pues la lista que represento se encuentra presentada, oficializada y habilitada para los comicios.-

“La circunstancia de que la administración obre en ejercicio de facultades discrecionales, en maneraalguna puede justificar una conducta arbitraria. La administración “actuando discrecionalmente no está autorizada a actuar caprichosamente según su libre arbitrio” (cf. Prat, Julio A., “De la Desviación del Poder”, pág. 150, Librería La Facultad, Montevideo, 1957). Ello es así, en tanto el acto discrecional tiende a satisfacer los fines de la ley, o sea, en definitiva, los intereses públicos, mientras que el acto arbitrario -aun aparentando a veces legitimidad- se aparta de la finalidad a que el acto emitido debe responder, por lo cual resulta ilegítimo (cf. Marienhoff, Miguel S., “Tratado de Derecho Administrativo”, T. II, p. 427, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As. 1981). 3352/04”.-
Así, además de los principios y normas que se ven afectados por esta resolución y fueron detallados ut supra, podemos agregar la arbitrariedad en el proceder de la Junta Electoral. La Junta Electoral debe ejercer el control de la legalidad y legitimidad de todos los actos realizados dentro del proceso electoral. Como tal, es este órgano el único y último contralor de todo tipo de cuestiones relativas a dicho proceso, y por lo tanto pone fin a toda controversia suscitada en ese marco.
En ese sentido, debemos tener en cuenta la doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia sobre la arbitrariedad de un acto jurídico:
"Resulta arbitraria y, por ende, descalificable como acto jurisdiccional válido, la sentencia que resuelve las pretensiones incoadas en la demanda, prescindiendo de circunstancias fácticas y jurídicas relevantes a tal fin, existentes en la causa". DOCTRINA LEGAL.- DRES.: DATO - GOANE - GANDUR. Sentencia N°:1044 Fecha:9/11/2000 CARABAJAL OSCAR JESUS VS. SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Sumario:001154-01.-
Al quebrantarse los recaudos de forma y fondo que deben observarse se vulneran los principios de legalidad y de igualdad y con ellos las garantías y derechos constitucionales, circunstancia que nos presenta ante actos nulos en forma absoluta e insanable, correspondiendo su inmediata revocación.-
La motivación de los actos administrativos es un requisito de importancia fundamental por cuanto, como lo sostiene Héctor José Escola, "Los actos administrativos deben responder a una causa o motivo y deben tener una finalidad lícita según las exigencias del interés público ... la obligación de motivar los actos administrativos impone el examen de esas causas y finalidades y asegura así, al menos formalmente, que ese examen se efectúe excluyendo o al menos disminuyendo la posibilidad de actos dictados en forma apresurada, sin basamento legal o sin análisis de las situaciones y factores que deben precederlos." (Tratado General de Procedimiento Administrativo, Ediciones Depalma, 1973; Capítulo II, Acápite 28).-
La existencia de normativa constitucional importa jerarquía superior a leyes provinciales y nacionales, la Junta Electoral en su accionar, ha provocado una lesión actual e inminente en el ejercicio constitucional de nuestro derecho político. Con generación de un agravio insusceptible de reparación ulterior, la norma no prevé un proceso de subsanación de ese agravio.-

Tanto nuestra jurisprudencia como nuestra doctrina coinciden en admitir el amparo “ante la amenaza de una lesión que sea precisa, concreta e inminente, grave, cierta, actual o cuando el acto arbitrario se ha dictado y no se ejecuta pero su proyección es tan patente cual si fuera una expresión de intimidación (....) El amparo trata de salvar en el presente y en el futuro los derechos vulnerados, procediendo cuando los actos de particulares o decisiones administrativas constituyen una amenaza de lesión cierta, actual e inminente (....) actúa en principio ante la transgresión de un derecho constitucional; pero también en circunstancias excepcionales cuando hubiere contra tal derecho una amenaza ilegal de tal magnitud que le pusiera en peligro efectivo e inminente” (Nestor P. Sagües. Derecho Procesal Constitucional. T III Acción de Amparo, pag.107/108).-

Esto, que sin ninguna duda configuró una vía de hecho administrativa, no deja otro camino que interponer la presente acción al tratarse de la única vía idónea para subsanar el arbitrario obrar administrativo en mi contra.-

Al respecto, el tratadista Agustín GORDILLO se ha expedido remarcando que “Luego de haber el país ratificado por ley la Convención Americana de Derechos Humanos, ella lo compromete interna e internacionalmente a respetar una serie de garantías individuales. Al haber incluido las convenciones de Derechos Humanos en el art. 75 inc 22 de la CN, no pueden sus juristas partir del poder del estado como noción fundante de un sistema. Deben partir de las libertades públicas y derechos individuales, es el derecho positivo vigente.” (Cfr. GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, 8va ed. T 2 V3).-

El espíritu de la ley es asegurar la vigencia del debido proceso y el derecho de defensa constitucionalmente reconocido (art. 18 CN), la razonabilidad, que surge implícitamente del artículo 28 de nuestra Carta Magna, todos principios violentados por la resolución referida.-

La nulidad como vicio es aquella que afecta un acto; consistente en la omisión de una forma o de un requisito legalmente necesario para su validez (Conf. Nuñez, Ricardo).-

Así, no se permite a esta parte ejercer el debido proceso vulnerando su derecho.-

Tanto nuestra jurisprudencia como nuestra doctrina coinciden en admitir el amparo “ante la amenaza de una lesión que sea precisa, concreta e inminente, grave, cierta, actual o cuando el acto arbitrario se ha dictado y no se ejecuta pero su proyección es tan patente cual si fuera una expresión de intimidación (....) El amparo trata de salvar en el presente y en el futuro los derechos vulnerados, procediendo cuando los actos de particulares o decisiones administrativas constituyen una amenaza de lesión cierta, actual e inminente (....) actúa en principio ante la transgresión de un derecho constitucional; pero también en circunstancias excepcionales cuando hubiere contra tal derecho una amenaza ilegal de tal magnitud que le pusiera en peligro efectivo e inminente” (Nestor P. Sagües. Derecho Procesal Constitucional. T III Acción de Amparo, pag.107/108).-

Así, se dicta una resolución administrativa sin analizar correctamente lo planteado por esta parte, siendo la misma inconveniente e inoportuna y encontrándose gravemente viciada. Las razones de oportunidad, mérito o conveniencia, como lo ha expresado la doctrina, "indican valoraciones relacionadas con criterios de buena administración, utilidad, eficiencia, economicidad, etc…” y no corresponde alejarse de ellas.-

Es que mal puede el acto administrativo alejarse de un criterio de razonabilidad, Juan Francisco Linares, entiende que la decisión administrativa "...se vincula con la justicia racional, justicia de igualdad, mientras que en sentido amplio, con la paz, solidaridad, seguridad, coherencia, etc…”(cfr. "El debido proceso como garantía innominada de la Constitución Argentina", Ed. Depalma, Bs. As.1.944 págs. 134 y ss). La razonabilidad implica congruencia, proporción, adecuada relación de medio a fin; el exceso identifica lo irrazonable (Pertile, A.,"Control judicial de la actividad administrativa" Ed. Arpón, Córdoba, 1.988 pág. 8) de allí que la irrazonabilidad sea un supuesto de ilegitimidad (Linares,J. F. ob. cit., pág. "Poder DiscrecionaL Administrativo". Bs.As. 1.958, pág. 154).-

Así, el acto en cuestión demuestra un claro apartamiento de las razones fácticas y legales que debieron analizarse en el presente procedimiento.-

Así, los actos emitidos no siguen un orden ni responden a fundamentos concretos, por lo que se produce además de los vicios ya destacados, un total apartamiento del procedimiento reglado. La causa consiste en las circunstancias y antecedentes de hecho y de derecho que justifican la emisión del acto, todos elementos ausente en el presente caso. La motivación es la expresión de esa causa, refiriendo las razones que lo justifican, comprendiendo a su vez también la finalidad del acto.-

SOLICITA MEDIDA CAUTELAR

Solicito que, como medida cautelar innovativa se modifique la situación jurídica existente y ordene a la institución demandada a suspender el trámite en las presentes elecciones y que se abstenga de realizar cualquier proclamación de autoridades en lo que respecta a la presente elección, asimismo, en el caso hipotético de haberse concretado la proclamación de autoridades pido que la misma quede sin efecto hasta tanto se dicte sentencia de fondo en el presente juicio, solicito suspensión de términos y plazos del proceso en cuestión.-

Los recaudos de procedencia de la medida cautelar se encuentran reunidos. Cabe recordar aquí que la finalidad de esta medida precautoria es, según pacífica y reiterada jurisprudencia, la de mantener la igualdad de las partes en el litigio, evitando que se conviertan en ilusorias las sentencias que le ponen fin (conf. Fallos 247:263 y 265:236; Cám. Fed.Apel. San Martín, Sala II in re "Rey, Eduardo Jorge c/ COMFER s/Medida Cautelar").-

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado doctrina en cuanto que:

“...las medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino solo de su verosimilitud. Es mas, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar que no es otra cosa que atender aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual asimismo, agota su virtualidad...” (fallos: 306:2060).-

Que en el caso basta un mero análisis de la normativa impugnada, para verificar la verosimilitud del derecho y el perjuicio que ha esta parte surge “in reiipsa”.-

Con respecto a la viabilidad de la medida cautelar solicitada, la doctrina nacional recomienda la mayor flexibilidad en su otorgamiento para que éstas cumplan sus fines en forma satisfactoria, sin ocasionar perjuicios que pueden evitarse.-

La medida que se requiere importa un verdadero anticipo de la garantía jurisdiccional que se otorga con el objeto de impedir que el derecho cuyo reconocimiento se pretende obtener, pierda virtualidad durante el plazo que transcurra entre la articulación del proceso y el pronunciamiento definitivo.-

Así la doctrina nacional viene sosteniendo, “...se ha abierto camino una tendencia amplia y flexible, que ha terminado por prevalecer, porque tanto o más que al interés privado del solicitante, interesa al orden público que la justicia no fracase por la inevitable lentitud de su actuación, motivo por el cual se viene resolviendo que es preferible un exceso en acordarlas que la parquedad en desestimarlas, ya que con ello se satisface el ideal de brindar seguridades para la hipótesis de triunfo” (Morello, Passi Lanza, Sosa, Berizonce, Códigos procesales, ed. 1971, v.III.).-

En el presente concurren los presupuestos que ameritan la medida cautelar solicitada, a saber: verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y la cautela no puede obtenerse por medio de otra medida precautoria.-

Al respecto el Dr. Tomás Hutchinson ("La suspensión de los efectos del acto administrativo como medida cautelar propia del proceso administrativo", ED 124, 683) no enseña que:
"La suspensión de los efectos del acto tiene por fin reforzar el cuadro de garantías del particular y facilitar el ejercicio de sus derechos. Esta medida puede ser acordada por el juez al revisar la negativa de la Administración a suspender los efectos del acto; en algunos supuestos puede acordarla sin revisar un acto previo de la Administración denegatorio de la suspensión, ...debiendo -tanto la Administración como el juez- declarar la suspensión de los efectos del acto administrativo cuando haya indicios racionales de que el acto ha incurrido en alguno de los supuestos de nulidad y que el mantenimiento de sus efectos produzca un perjuicio mayor que su suspensión".-
La medida cautelar que solicitamos significa una real "tutela anticipada de jurisdicción", con el objeto de impedir que los derechos y garantías cuyo reconocimiento se pretende alcanzar con la presente acción, pierdan virtualidad y eficacia con el transcurso del tiempo necesario para la culminación de la litis.-
VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO
El derecho invocado resulta verosímil, como surge de lo expuesto en los puntos anteriores de este escrito y a los que, en honor a la brevedad, corresponde remitirse.-

Así, también, se acredita este requisito por tratarse del derecho elegir y ser elegido y participar libremente en elecciones consagrado en la CN.-

De la simple lectura de las resoluciones en crisis, surge palmariamente su falta de fundamentación, y el desprecio por las garantías constitucionales de nuestra Carta Magna.
Ningún órgano Estatal, ni judicial ni administrativo, puede prescindir de la aplicación de la Constitución Nacional al momento de dictar sus resoluciones, ya que esta es la cabeza suprema de nuestro ordenamiento jurídico nacional. La impugnación que se rechaza in limine tiene como fundamento esencial el art. 16 de la Const. Nac.-
PELIGRO EN LA DEMORA
Dado los plazos establecidos en el calendario electoral que se encuentra vigente y en curso al momento de esta presentación, resulta acreditado el peligro en la demora, ya que la resolución del presente amparo insume los mismos plazos pendientes; el rechazo de la presente medida cautelar implicaría que la resolución cuestionada surta sus efectos produciendo la incongruencia jurídica de que, por un lado se legitime a una lista, y paralelamente este pendiente la resolución que dirima la idoneidad del proceso, no admite cuestionamiento, la necesidad de resolver previamente la cuestión legitimidad de procedimiento, para luego determinar si puede continuar el proceso eleccionario. Las elecciones de ASUNT, están determinadas de acuerdo al cronograma electoral para el día 20/10/16.-
  Nuestra Corte Suprema de Justicia a partir del fallo "Cocchia contra Estado Nacional" dejó sentado que "aún en situaciones de grave crisis o de necesidad pública, frente a la invocación de derechos subjetivos o agravios concretos dignos de la tutela judicial, corresponde a los jueces controlar si los instrumentos jurídicos implementados por los otros poderes del Estado no son contradictorios con la normativa constitucional".
En atención al tiempo que podría insumir el desarrollo de un proceso ordinario en la presente causa, y que implicaría una frustración de su reclamo, es que se solicita el dictado de esta Medida Cautelar. La doctrina ha sido pacífica en el sentido de la necesidad de proteger al particular que se ve amenazado por actos (u omisiones) abusivos de la administración. Al respecto: “Si el Estado, al asumir la función de administrar justicia, prohíbe a los individuos la auto defensa de sus derechos, no puede, en situaciones como las enunciadas, desentenderse de las consecuencias de la demora que necesariamente ocasiona la instrucción del proceso, y debe por lo tanto proveer las medidas necesarias para prevenirlas, colocándolas en manos del juez y de los litigantes. Tales son las medidas precautorias”.(Cfr. ALSINA, Tratado teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. T 5 p 449).-

Otro prestigioso administrativista sostuvo que: “La tutela judicial efectiva que cabe entender como garantía constitucional, debe necesariamente contener la tutela cautelar, pues no hay eficacia del proceso proponible, cuando el objeto de la pretensión corre el riego de frustrarse definitivamente antes de la sentencia definitiva y no hay remedio para superar tal peligro.”(Cfr. GARCÍA DE ENTERRIA, La batalla por las medidas cautelares. P 206 y ss.).-

Es válido asimismo resaltar que la necesidad del dictado de una medida cautelar en el sentido que se solicita, tiene también fundamento en poner límite al abuso de las prerrogativas administrativas que hace la Junta Electoral de UNT. Frente a este tipo de situaciones la doctrina entiende lo siguiente: “Es claro que, en el ámbito de las relaciones jurídicas con la Administración, esta última cuenta, ordinariamente, con la facultad de alterar la situación fáctica que precediera al conflicto, mediante actos que gozarán de las autotutelas declarativas y ejecutiva, típicas del régimen exorbitante propio del Derecho administrativo. De allí que sea en este ámbito en que la actividad cautelar resulte más eficiente para demostrar al ocasional titular del poder que no todo le está permitido ni le es posible, limitación tan importante como la reacción que provoca en los gobiernos, según resulta de la “batalla de las cautelares” que se ha desatado en los últimos años”. (Cfr. GARCIA PULLÉS FERNANDO R. Tratado de lo Contencioso Administrativo. TII. P 805. 1ª ed. Ed. Hammurabi).-

En conclusión: De todas las expresiones vertidas, como así también de la prueba ofrecida y producida con esta presentación surge que la vía cautelar resulta ser la única idónea para el resguardo de mis derechos y en ese sentido es que se solicita su dictado, requiriendo ordene a la Junta Electoral demandada suspender el trámite en las presentes elecciones y que se abstenga de realizar cualquier proclamación de autoridades en lo que respecta a la presente elección, asimismo, en el caso hipotético de haberse concretado la proclamación de autoridades pido que la misma quede sin efecto hasta tanto se dicte sentencia de fondo en el presente juicio.-

DAÑO IRREPARABLE
En realidad el principal perjuicio, es la afectación a nuestro sistema democrático, representativo, el que se vería violado en sus normas fundamentales como los principios constitucionales en los que se basa. La no participación en estas próximas elecciones provoca un perjuicio claro para quienes responsablemente debemos cumplir un papel en el escenario que en la presente se detalla.-
Asimismo, se vería lesionado nuestro derecho como candidatos y electores, el derecho a formar parte en la pirámide jerárquica del órgano que renueva autoridades; también nuestro derecho de controlar la calidad del proceso electoral, el cual se encuentra perjudicado por el accionar de la junta, sin considerar los argumentos constitucionales expuestos.-
Ponemos de manifiesto la inconstitucionalidad de los artículos 14 y 15 de la Ley 25.453, por violar en forma flagrante el derecho a la jurisdicción cuya expresión moderna es el derecho a la tutela judicial efectiva, en los autos "Colegio Público de Abogados de la Capital Federal c/ Estado Nacional - Ley-25.453 s/ Amparo", en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, Secretaría N°21. En cuanto a la aplicación del artículo 15 de la Ley 16.986, solicitamos que, en el supuesto de concesión de la medida, si ésta fuera recurrida, el recurso sea concedido solamente a efectos devolutivos, por ser la concesión a efectos suspensivos claramente inconstitucional (Morello, Augusto y Vallefin, Carlos, "El Amparo. Régimen Procesal", pág. 150, Platense, Argentina, 1998; Rossi, Alejandro, "El efecto de la apelación de las medidas cautelares en el proceso de amparo (la derogación del artículo 15 de la ley 16.986 y las fuentes supranacionales del derecho.
CONTRACAUTELA
Para el supuesto que V.S. así lo decida, ofrecemos  caución juratoria conforme a lo dispuesto por el art. 229 del CPCCP.-

PRUEBAS
INSTRUMENTAL ADJUNTA
Se adjunta la presente prueba instrumental:
1).- Régimen Electoral de la U.N.T.-
2).- Cronograma de Elecciones.-
3).- Resolución Nº 50 de fecha 06/10/16, emitida por Junta Electoral.-
4).- Resolución Nº 52 de fecha 07/10/16, emitida por Junta Electoral.-
5).-Presentaciones de fecha 26/09/16; 04/10/16, 05/10/16, 11/10/16 y 14/10/16.-
6).- Notificación de fecha 14/10/16.
7).- Resolución Nº 54, notificada en fecha 14/10/16.-
8).- Presentación de fecha 14/10/16.-
9).- Voto oficializado de fecha 14/10/16
10).- Resolución Nº 57 de fecha 19/10/16 emitida por Junta Electoral.-
INFORMATIVA
En caso de ser necesario, solicito se oficie a los entes intervinientes en la presente cuestión.-

RESERVA DEL CASO FEDERAL
Se formula expresa reserva de acudir, en instancia extraordinaria a la Excma. Corte Suprema de Justicia, en el hipotético caso de que no se admitiera la presente acción de amparo deducida formal o sustancial mente. Se efectúa esta reserva a los fines señalados en el artículo 14 de la Ley 48.-
PETITORIO
Por lo expuesto a V.S. pedimos:
1).- Se tenga por presentado en el carácter invocado, por parte, y con el domicilio legal constituido.
2).- Se tenga por deducida tiempo y forma.
3).- Se tenga por ofrecida la prueba documental
4).- Se dicte la medida cautelar solicitada en los términos requeridos.
5).- Atento la urgencia de lo peticionado, solicito se resuelva con Habilitación de día y hora.-
6).-Se tenga por efectuada la reserva de caso federal.-
7).- Oportunamente se declare nulo el proceder de la Junta Electoral en las, por manifiesta arbitrariedad y desconocimiento del derecho constitucional vigente.
                  JUSTICIA.-