lunes, 17 de julio de 2017

La Sala VI declaró la ilegalidad de los despidos

En conferencia de prensa realizada en el Congreso, los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo anunciaron una jornada nacional de lucha para el martes próximo. Además informaron que la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió declarar la ilegalidad de los despidos de diez operarios por parte de la empresa y la obligación de que los trabajadores y trabajadoras retomen sus tareas y el cobro de sus salarios.

A continuación, ACTA transcribe la Sentencia de la Sala VI:

"Considerando que, dada la naturaleza de las cuestiones controvertidas se remitieron las presentes actuaciones en vista a la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que se expidió mediante el Dictamen Nº72.900, que luce agregado a fs. 92. Que, la Sra. Juez de grado estimó no configurado el peligro en la demora en las circunstancias del caso.

"Que, sin embargo, corresponde tener en cuenta las particularidades de la causa en tanto se trata de la extinción de contratos de trabajos que alcanza a la totalidad del personal de la Empresa PEPSICO DE ARGENTINA SRL, en “…virtud del cese de actividades dispuesto para la Planta Florida conforme causas, alcances y circunstancias informadas por la Empresa ante el Ministerio de Trabajo de la Nación…” conforme expresa la comunicación cursada a los actores, dando cuenta asimismo del inicio del procedimiento preventivo de crisis, como surge de la documentación que se acompaña en autos y se tiene presente. Que, la medida cautelar impetrada, excede los recaudos de una medida cautelar típica, en tanto que el procedimiento de crisis requiere cumplir sus exigencias.

"Que, se encuentra acreditada sumariamente con la documental obrante a fs. 38, la verosimilitud del derecho en cuanto a la existencia de la relación laboral de los actores, como las comunicaciones de la empresa que desata el litigio a que se alude supra. Que, no surgen elementos de que el procedimiento de crisis haya concluido ni notificación de la empresa en tal sentido.

"Que, la Ley Nacional de Empleo, en su título III regula “la promoción y la defensa del empleo” por lo que conforme lo expresado en el párrafo anterior, los trabajadores accionantes tienen derecho en éstas condiciones, a mantener su relación de trabajo, tal como surge de los arts. 98/105 de la Ley 24.013 (BO 17.12.1991), los arts. 4, 8 y ccts. del Decreto 265/2002 (BO 11.2.2002); Decreto328/88 (8.3.1988) y 2072/94 (25.11.1994).

"Que, esta última norma en su art. 1 establece que “…Cuando el Procedimiento Preventivo de Crisis se inicie a instancias del empleador y se refiera a empresas de más de CINCUENTA (50) TRABAJADORES, la presentación inicial deberá, como mínimo, explicitar las medidas que la empresa propone para superar la crisis o atenuar sus efectos…” extremo que no surge cumplido por la demandada conforme las expresiones del sector sindical y de los representantes de los trabajadores, que surge de las actuaciones adjuntadas con la presente.

"Que, consecuentemente de conformidad con lo normado por el 78 de la LCT “el empleador deberá garantizar al trabajador ocupación efectiva”. El derecho al trabajo, protegido por el art. 14 y 14 bis de la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a través de los Pactos, Declaraciones y Convenios a la Carta Magna incorporados después de la Reforma de 1994, que amerita la intervención cautelar solicitada en autos.

"Además es un derecho fundamental, consagrado en el artículo 6.1 del Pacto Internacional de D.E.S. y C. (ONU 16.12.1966), ratificado por Ley 23.313: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”.

"Así lo ha entendido y aplicado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en precedentes como “Alvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud SA s/ acción de amparo” Bs. As. 7 diciembre 2010- 1023. XLIII aplicando, los contenidos de los instrumentos internacionales dotados de jerarquía constitucional (art.75 inc.22) que se han citado supra al señalar: “la protección del "derecho a trabajar" previsto en el art. 6.1 del PIDESC, al incluir el derecho del empleado a no verse privado arbitrariamente de su empleo, si bien no impone la reinstalación, tampoco la descarta (doctrina caso Madorrán) y la reinstalación guarda coherencia con los principios que rigen las instancias jurisdiccionales internacionales en materia de derechos humanos (CIDH Caso Baena). El objetivo primario de las reparaciones en materia de derechos humanos debería ser la rectificación o restitución en lugar de la compensación. Sólo un entendimiento superficial del art. 14 bis llevaría a que la "protección contra el despido arbitrario" implicara una suerte de prohibición absoluta y permanente a toda medida de reinstalación”. (Considerandos 7º, 8º y 9º).

"Agrega también en el sustancial considerando 7 que existe un abanico de instrumentos internacionales que también enuncian y resguardan el “derecho a trabajar” a saber:… “Declaración Universal de Derechos Humanos - art. 23.1- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre - art. XIV - y Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial —art. 5.e.i—), el cual debe ser considerado “inalienable de todo ser humano” en palabras expresas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11.1.a). No huelga observar que el citado Protocolo de San Salvador contempla a la “readmisión en el empleo” como una de las consecuencias admisibles para la legislación interna en casos de despido injustificado (art. 7°.d)”.

"Y, se tiene en cuenta que, según doctrina permanente del Alto Tribunal, la Constitución Nacional debe ser entendida como una unidad, esto es, como un cuerpo que no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere, como un conjunto armónico en el que cada uno de sus preceptos ha de interpretarse de acuerdo con el contenido de los demás (Galassi, Fallos: 310:2733, 2737, entre otros) según cita del mismo considerando de “Alvarez”.

"El derecho al trabajo es un derecho esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. El derecho al trabajo sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia y contribuye también, en tanto que el trabajo es libremente escogido o aceptado, a su plena realización y a su reconocimiento en el seno de la comunidad tal como lo establece Observación general Nº 18 aprobada el 24-11-2005 sobre el Artículo 6 del PIDESyC en línea con el preámbulo del Convenio Nº 168 de la OIT, de 1988: "…la importancia del trabajo y del empleo productivo en toda la sociedad, en razón no sólo de los recursos que crean para la comunidad, sino también de los ingresos que proporcionan a los trabajadores, del papel social que les confieren y del sentimiento de satisfacción personal que les infunden".

"El derecho al trabajo es un derecho individual que pertenece a cada persona, y es a la vez un derecho colectivo. La exigibilidad de los derechos sociales cuenta con un aval fundamental como lo es la Observación General Nº9 (1998) del Comité del PIDESyC cuando afirma que en lo relativo a los derechos civiles y políticos, generalmente se da por supuesto que es fundamental la existencia de recursos judiciales frente a las violaciones de esos derechos, pero respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, se parte del supuesto contrario, pero ello no está justificado ni por la naturaleza de los derechos ni por las disposiciones pertinentes del Pacto, que deben ser respetados, protegidos, asegurados y promovidos.

"En definitiva, cabe recordar que al tener trabajo el ser humano ES pues como bellamente se ha dicho “Quien no trabaja no tiene, pero sobre todo, no es. No es un ciudadano pleno iure” (Romagnoli Umberto, Conferencia Albacete, España 1/10/1996). Que, en razón de lo expuesto corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada y ordenar a la demandada cumpla con el deber de ocupación de los actores, Gómez Leandro Javier, Vique Laime Elizabeth Myriam, Guzmán Facundo Javier, Ruiz Mónica, Gonzalez Orlando Daniel, Gramajo Angel David, Herbas Estefanía, Albornos María Ester, Vega Myrna Beatriz y Romero Juan Carlos, conforme lo expresado ut supra, bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias a razón de $5.000 por cada día de demora (art. 804 CCyCN).

"Sin costas, atento la ausencia de contradictorio. Por ello, oído el Sr. Fiscal, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Revocar la sentencia apelada, haciendo lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando a la empresa PEPSICO DE ARGENTINA SRL a cumplir con el deber de ocupación de los actores Gómez Leandro Javier, Vique Laime Elizabeth Myriam, Guzmán Facundo Javier, Ruiz Mónica, Gonzalez Orlando Daniel, Gramajo Angel David, Herbas Estefanía, Albornos María Ester, Vega Myrna Beatriz y Romero Juan Carlos, con los alcances establecidos en los considerandos bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias a razón de $5.000 por cada día de demora (art. 804 CCyCN); II) Sin costas atento la ausencia de contradictorio; III) Líbrese oficio con habilitación de días y horas inhábiles (art. 153 CPCCN) a efectos de notificar a la demandada lo resuelto, cuyo diligenciamiento queda a cargo de los peticionantes.

"Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013. Regístrese, notifíquese y vuelvan".

fuente; ACTA
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La CTA Autónoma repudia la condena a prisión infundada al ex presidente Luiz Ignacio Lula da Silva

Desde la CTA Autónoma nos genera profunda tristeza e indignación conocer la noticia de la condena infundada a Lula da Silva a 9 años y medio de prisión.

La acusación de coimas, que no ha arrojado pruebas fehacientes sobre él, demuestra que no es más que una jugada política de parte de un sector del poder judicial que en alianza con la oposición política y de grupos concentrados de comunicación masiva echa mano de todas las herramientas al alcance de su mano para deslegitimar la imagen de aquella figura que encabeza las encuestas para las próximas elecciones presidenciales y así alejar del horizonte a cualquier opción política progresista que se oponga al ilegítimo gobierno de Michel Temer.

Este es un punto cúlmine de una campaña más amplia y que se sucede ya desde hace varios meses, desde asumido el cargo de primera mandataria por parte de Dilma Rousseff. Tal como sucedió con la ex mandataria, la imagen de Lula da Silva fue manchada y acusada hasta el hartazgo por corrupción por los medios masivos de comunicación que no se sienten cómodos con su orientación política, demostrando una animadversión desigual respecto al resto del arco político.

Ver sentenciado a Lula por una causa de corrupción no comprobada revela la intencionalidad política de la decisión arbitraria tomada en primera instancia por el Juez Moro. Entendemos que esta sentencia se basa exclusivamente en las delaciones premiadas brindadas por criminales confesos, mostrando la ausencia de pruebas que justifiquen la condena apegándose a las leyes brasileñas.

Este proceso de persecución hacia el Partido de los Trabajadores, Dilma y Lula principalmente acaba por ser un ataque a la democracia y sus garantías fundamentales, en tanto que la marginación de los adversarios políticos de manera ilegal es la única garantía que posee la alianza entre políticos de derecha, empresarios y jueces en Brasil para desplegar este proyecto regresivo hacia el pueblo brasileño, basado en el recorte de derechos sociales, el ataque a los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, así como el recorte del gasto público principalmente orientado a eduación y salud.

Tal como lo hicimos anteriormente, renovamos nuestro rechazo al ilegítimo gobierno de Michel Temer, surgido de un golpe contra la ex mandataria Dilma Rousseff. Del mismo modo también, repudiamos la nefasta reforma aprobada que permite las tercerizaciones irrestrictas en el sector público y privado en Brasil, la reforma del trabajo, como así la reforma previsional aún en tratamiento, en tanto que todas ellas forman parte de un disciplinamiento hacia el pueblo brasileño por la vía de un ataque frontal a los derechos de los trabajadores y a su capacidad de organizarse para defenderlos.

Por ello, resulta indispensable aunar los esfuerzos de todo el pueblo brasileño para repudiar en las calles al gobierno de Temer, sus aliados y sus reformas, dejando en claro una vez más que no será posible pasar por encima de la voluntad de los y las trabajadores y trabajadoras brasileños y brasileñas. Nos unimos al grito de ¡Fora Temer! ¡Diretas já! ¡Nenhum direito a menos!

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Meguira: “Este gobierno quiere ir a una sociedad sin sindicatos”

Lo dijo el titular del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma, Horacio Meguira. Advirtió que la doctrina es mundial y habló de la capacidad de las organizaciones argentinas para detenerla. Los trabajadores azucareros de Ledesma: Un modelo de resistencia.

En la Argentina hay seis sindicatos intervenidos por el ministerio de Trabajo y la Justicia. Es el número más alto desde la dictadura militar. En el Ingenio Ledesma de la familia Blaquier en Jujuy, por ejemplo, la cartera laboral dejaba vencer el mandato del secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA), Rafael Vargas, mientras suspendía provisoriamente las elecciones. Buscaba la intervención.

“En los sindicatos azucareros siempre hay conflicto antes de las paritarias, que se realizan antes de la zafra, momento en que los trabajadores tienen más fuerza. Es una costumbre: tratan de ahogar al sindicato y a los trabajadores”, dice Horario Meguira, que el viernes pasado viajó a Ledesma como veedor de las elecciones que impulsó el SOEAIL, sin el aval del Ministerio ni la empresa que impidió la instalación de urnas dentro del complejo. Pese al amedrentamiento votó el 53% del padrón.

El titular del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma hila el caso Ledesma con otros y asevera que este gobierno persigue la destrucción del Estado Social de Derecho, como forma de reducir el poder de los trabajadores en la sociedad.

“Uno de sus ejes es el ataque a los abogados laboralistas y magistrados de la Justicia del Trabajo. Y el otro eje de destrucción son las leyes. Por ello crearon una comisión de notables para volver a privatizar la previsión social y diseñar una reforma laboral integra”, advierte Meguira.

En ese contexto lanzó la frase que da origen al título: “Este gobierno quiere ir a una sociedad sin sindicatos ni instituciones sociales”. Una tendencia doctrinaria que es mundial, asegura. Que avanza sin la oposición efectiva de la OIT y la debilitada Confederación Sindical Internacional y de las Américas.

”El sindicalismo argentino es fuerte pero no eficaz”, introduce para hablar de la capacidad de respuesta en nuestro país. “Las direcciones de los grandes sindicatos han traicionado sistemáticamente. El dato alentador es que nunca se han dejado de renovar las alternativas a esas falsas direcciones”, agrega.

Un ejemplo, a la vista, es el SOEAIL.

Fuente: www.canalabierto.com.ar

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REPRESIÓN A TRABAJADORES DE PEPSICO

"Una vez más las fuerzas represivas actuaron en contra de los trabajadores. Esta vez fueron los trabajadores y trabajadoras de Pepsico quienes sufrieron en su cuerpo las consecuencias por defender su puesto de trabajo", así comienza el comunicado emitido por la CTA Autónoma, firmado por Ricardo Peidro, Daniel Jorajuría y Carolina Ocar, que ACTA reproduce a continuación.

"A las 7.00 de la mañana, efectivos de la Policía Bonaerense, conjuntamente con Gendarmería Nacional -en un enorme operativo que involucró a alrededor de 500 efectivos- reprimieron y desalojaron brutalmente a los/as trabajadores/as de la planta que la empresa PepsiCo tiene en la localidad bonaerense de Florida, partido de Vicente López.

"Con balas de goma, gases lacrimógenos, gas pimienta, palos y golpes concretaron el desalojo de la planta que los trabajadores mantenían tomada en defensa de su fuente laboral. Entre los trabajadores hay 15 heridos y detenidos en la Comisaría 1a. de San Fernando. De la misma manera, las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antipiquetes a trabajadores de prensa, impidiéndoles registrar el accionar represivo."La empresa había decidido de un momento a otro cerrar la planta de Vicente López dejando a casi 600 familias en la calle con argumentos que son insostenible, dado que la fábrica estaba funcionando en condiciones normales, sin alertar crisis ante la autoridades pertinentes, como establece la ley.

"Ante esta situación, la CTA Autónoma hace propia la denuncia de los trabajadores de Pepsico al afirmar que, con el intento de "relocalizar la producción", en realidad están encubriendo la decisión de la empresa de despedir a 600 trabajadores y trabajadoras con el único objetivo de contratar personal en condiciones de mayor precariedad laboral y con menores derechos laborales.

"La Central alerta sobre este nuevo intento del Gobierno Nacional de suplantar la Justicia Laboral y la instancia de mediación y diálogo, que debería adoptar el Ministerio de Trabajo como marca la Ley de Empleo 24.013, y reemplazarla por la Justicia Penal y sus jueces que actúan como gerentes de las multinacionales y no como garantes de los derechos de los ciudadanos.

"En esta línea denunciamos la decisión del Gobierno de formar parte de la estrategia de las corporaciones en su intento de acorralar a los trabajadores. Con un Ministerio de Trabajo ausente, la Justicia Penal junto a las fuerzas represivas custodian los intereses de las empresas y corporaciones con el propósito de profundizar en nuestro país las políticas neoliberales de ajuste, pérdida de derechos y miseria para nuestro pueblo.

"Responsabilizamos al Gobierno Nacional de Mauricio Macri y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal, no sólo por las pérdidas de los puestos de trabajo sino también por las consecuencias sociales y políticas que puede traer a nuestro país, el rumbo de la política económica del Gobierno.

"Una vez más, desde la Central de Trabajadores de la Argentina, convocamos a todas las fuerzas sociales, sindicales y políticas a acompañar las demandas de nuestro pueblo y también a encontrarnos en espacios de debate y acción para fortalecer la unidad en la búsqueda de caminos que conduzcan a la justicia, más democracia y a la paz para nuestro pueblo



Fuente; ACTA
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AUDIENCIA PUBLICA CONTRA LA IMPUNIDAD

Se llevó a cabo en la ciudad de San Miguel de Tucumán una audiencia publica con la participacion activa de Alberto Lebbos, padre de Paulina Lebbos, joven asesinada y crimen impune.
 La Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad se reunio en la plaza Independencia para exponer en una audiencia pública los cientos de casos que todavía no tuvieron justicia.

El padre de Pàulina “En Tucumán la impunidad recrudece día a día y queremos visibilizar esta situación porque la impunidad tiene como herramienta que no se sepa, que todo quede tapado”, explicó Lebbos.

En otro párrafo de sus expresiones sostuvo ; "“Buscamos mostrar que Mariana González no aparece, tampoco Milagros con su hijo Benicio ni Daiana Garnica; y así muchísimos otros casos más de desapariciones de personas, violaciones, homicidios"

Además está el caso de Paulina, que no llega a juicio oral porque los defensores siguen haciendo abuso del derecho de defensa, presentando nulidades y recusaciones que ya les fueron rechazadas y toda una serie de dilaciones que sólo buscan que prescriba la causa, como prescriben más del 80% de las causas penales en Tucumán”, agregó Lebbos,

Sobre el final de la audiencia, la mesa panel expuso sus conclusiones. El Sec. Gral. de la Cta Autonoma Tucuman, Salvador Agliano, fue el primero en brindar sus impresiones


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jueves, 6 de julio de 2017

La Justicia ratificó las leyes de profesionalidad de los Vistadores Médicos

Un fallo de la Cámara del Trabajo–Sala IV de la provincia de Tucumán del 27 de junio sentenció en favor de la Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPM-CTA) en la causa que puso en cuestión el artículo 4 de la Ley 5.926 y su respectiva reglamentación; las cuales establecen como requisito indispensable para ejercer la actividad de Agente de Propaganda Médica poseer la matrícula habilitante otorgada por el Ministerio de Salud Pública a través del Sistema Provincial de Salud.

El fallo señala que “conforme al principio de distribución de competencias, las provincias se reservan su derecho público interno, es decir, todo lo que es materia legislativa, ejecutiva y judicial dentro del ámbito que le es propio y en ejercicio de esa atribución la Honorable Legislatura de Tucumán dictó la ley Provincial nº5926 que reglamenta el ejercicio de la actividad del APM”.

De este modo, la justicia provincial confirmó la plena vigencia de las leyes de profesionalidad provinciales y de la “territorialidad” cuestionada por las cámaras empresarias durante la ronda paritaria con los visitadores médicos. La “territorialidad” forma parte de la ley y define que son los Ministerios o Secretarías de Salud de cada localidad los que regulan y reglamentan el ejercicio de la profesión de los Agentes de Propaganda Médica. La modificación de leyes excede por completo la materia de discusión de una paritaria.

Pese a que los laboratorios difunden información falsa que señala que este aspecto de las leyes de profesionalidad es inconstitucional, el fallo indica claramente que “tales normas no contrarían los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional por cuanto el derecho constitucional de trabajar, que emerge del primero de los artículos (…) no son absolutos sino que están limitados por las leyes que reglamentan su ejercicio”.

Fuente: www.aapmra.com

* Equipo de Comunicación de la Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM-CTA)
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